Un histórico motivo de enfrentamiento

Las ayudas a las familias de presos de ETA han supuesto un objeto histórico de polémica y enfrentamiento político y parlamentario. Éste ha sido más y más enconado desde finales de los años noventa, conforme las asociaciones de víctimas y las plataformas cívicas contra el terrorismo fueron adquiriendo cuerpo y uniéndose a los partidos constitucionalistas en el estrecho marcaje al Ejecutivo en esta materia. La cuestión ha sido objeto permanente de disputa en los diez años de gestión de los gobiernos de Ibarretxe, con del Departamento de Justicia a cargo primero de Sabin Intxaurraga y después de Joseba Azkarraga, ambos de EA, y con esas otras organizaciones excluidas mucho tiempo de las ayudas públicas.

El tripartito de Ibarretxe privilegió estas ayudas sobre otras prestaciones

Hasta 2003, las partidas presupuestarias tenían la forma de subvención y durante años se otorgaron a las asociaciones que agrupaban a los familiares de etarras, en particular Senideak. La presión de la oposición en el Parlamento llevó a individualizarlas. El Gobierno se escudó siempre en que las ayudas no eran privativas de los presos de ETA, sino que se extendían a todos los reclusos vascos, pero lo cierto es que han sido los primeros los beneficiados absolutos. Tampoco ocultó que era su respuesta a lo que consideraba un incumplimiento legal de Instituciones Penitenciarias, la dispersión, con la que se mostró reiteradamente en desacuerdo, pese a haberse iniciado con Enrique Múgica como ministro de Justicia y con la aquiescencia entonces del PNV de Xabier Arzalluz.

El PSE intentó sin éxito en 2007 reconducir la cuestión al terreno puramente asistencial y equiparar las condiciones para recibir las prestaciones a las existentes para las AES o los desplazamientos por motivos sanitarios. El mantenimiento de las ayudas ha supuesto una clara incomodidad para este partido, que ha pactado los últimos presupuestos con el Ejecutivo de Ibarretxe con esa partida dentro, aunque haciendo siempre salvedad de su oposición a ella.

Las diferencias con respecto a otras prestaciones son palmarias. El decreto de Justicia que rige las ayudas privilegia a los familiares de presos, que pueden recibirlas hasta con ingresos del 300% del salario mínimo, mientras los aspirantes a la renta básica no pueden superar el 87%. Quienes se desplazan a centros sanitarios fuera de su lugar de residencia perciben entre un 400% y un 30% menos que los familiares de presos, dependiendo de dónde se ubique la cárcel a la que viajen.

El PSE fracasó también en el intento de dar ayudas a quienes visitan a familiares que viven fuera de Euskadi por la presión terrorista o a quienes encuentran un respiro en su situación de amenazados y escoltados saliendo de la comunidad autónoma.