Aguirre y Trinidad Jiménez sellan una paz de 38 millones

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, y la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, escenificaron ayer por la mañana "el comienzo de una nueva relación" entre ambas administraciones. La anterior, se sobrentiende, era bastante mala. Entre medias de ambas dirigentes, un cheque con 37,9 millones de euros expedido por el Gobierno central a cargo del Plan E de dinamización de la economía y destinado a aplicar en Madrid la Ley de Dependencia.

Un dinero que contribuye a ese nuevo clima de entendimiento y que será utilizado para transformar 761 plazas en las residencias de la red pública que sean válidas para dependientes. También se destinará parte de ese montante, 12 millones, a nuevos puntos de teleasistencia y otros "servicios".

La normativa avanza más lentamente que en otras comunidades

Aguirre, de todos modos, subrayó que ese dinero se suma a los 830 millones que su Ejecutivo ya destina a poner en marcha la ley. Una normativa que en Madrid ha avanzado más lentamente que en otras comunidades y en la que los plazos de evaluación antes de percibir la ayuda son muy prolongados. De hecho, en la última valoración del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) se observa que en dictámenes (personas valoradas) Madrid es la última de todas las autonomías con 41.470 casos, lo que supone el 0,66% de su población. La media del resto de comunidades es del 1,74%.

Unas circunstancias que han llevado a algunos cargos del Gobierno a criticar la implantación de la ley en Madrid. "Quizá la implicación de Trinidad Jiménez con Madrid hace más fácil el entendimiento con ella", aventuró Aguirre, comparando a la actual ministra con su predecesor en el cargo, Bernat Soria. Sus elogios han llegado hasta el punto de calificar a Jiménez de "política de raza".

Lo cierto es que algunos miembros del gabinete de Jiménez estiman que la colaboración con la Administración madrileña es "básica para hacer un bien a los ciudadanos, que son quienes importan". Otras fuentes del ministerio consideran que la complicidad con el Gobierno regional es "mucha mejor estrategia que el enfrentamiento".

Los portavoces de Aguirre también consideran "muy importante que se plasme la colaboración y que se adivine un nuevo rumbo de aproximación". Aunque insisten en señalar, tal y como hizo Aguirre por la mañana, que en los presupuestos regionales figuran más de 800 millones destinados a ajustarse a la normativa.

En total, la Administración central ha repartido 400 millones a las distintas autonomías por este concepto. Los criterios del reparto atienden a asuntos objetivos, como el número de personas susceptibles de percibir las ayudas. Pero también se reserva una parte del presupuesto "para premiar a las comunidades que se impliquen más y evalúen con mayor premura y competencia". Por el momento, Madrid está a la cola de esa clasificación.