La eterna asignatura pendiente

La salud mental ha sido siempre una de las atenciones peores cubiertas, hasta el punto de que la Generalitat ha incumplido repetidamente todos los planes concebidos por ella misma para impulsar esta parcela.

La Administración sólo se hace responsable directa de la atención estrictamente sanitaria a través de las unidades de salud mental de la Consejería de Sanidad. Allí, psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales atienden a la sintomatología de los pacientes. A ellos corresponde la medicación y la prescripción del tratamiento en las fases agudas. Sin embargo, la parcela de la rehabilitación de estos pacientes queda fuera del ámbito sanitario.

Pese a ser un aspecto clave en la normalización de la vida de estas personas, no es una prestación universal. "Es algo incomprensible: si te rompes una pierna, tienes garantizadas por la red pública unas sesiones para recuperar la movilidad y volver a andar, pero si tienes un brote esquizofrénico, no tienes garantizado un centro donde acudir a sesiones de rehabilitación y normalizar tu vida", comenta un especialista en salud mental a este diario.

La paradoja va más lejos, ya que la rehabilitación se sale de la esfera sanitaria y entra en la de Bienestar Social. Pero no de forma directa, como sucede con Sanidad, sino delegada. El peso descansa fundamentalmente en el voluntarismo de asociaciones de familiares de enfermos mentales. Ante la falta de una red pública, estas entidades se hicieron cargo de la rehabilitación de los pacientes y montaron la red de centros con pequeñas excepciones. De ahí la debilidad de esta prestación: depende de los fondos que obtienen las entidades de ayuntamientos, obras sociales de las cajas de ahorros, donativos socios y, sobre todo, de la aportación de Bienestar Social, a quien resuelven la papeleta de la atención. Y de ahí el enfado de las entidades que, pese a asumir el tratamiento, se les estrangula financieramente.