Los usuarios denuncian las limitaciones en las ayudas a la Dependencia

Si a una persona, después de atravesar el largo proceso administrativo que precede a la obtención de las ayudas que establece la ley de la Dependencia, le conceden finalmente, por ejemplo, un centro de día, no podrá compatibilizar esta atención con una ayuda a domicilio. Pero tampoco con la estancia en una residencia o con la obtención de prestaciones económicas, según denunció ayer el Observatorio Valenciano de la Dependencia.

Esta entidad, que integra a profesionales y directores de servicios sociales, profesores de trabajo social, sindicatos y entidades ciudadanas, censuró ayer que los decretos impulsados por la Consejería de Bienestar Social que desarrollan la red valenciana de la Dependencia "en lugar de sumar mejorar, restan y penalizan", en referencia a las incompatibilidades de servicios cruzados que establece. Y, denuncian, está derivando en situaciones como las de cuidadores familiares que no pueden percibir fondos si su hijo acude a un centro de día, de estimulación temprana o especial o al centro ocupacional "como si la atención continua que necesita se acabase a las cinco de la tarde o no tuviera que ser atendido en vacaciones de Navidad, Semana Santa o verano", comentan desde el observatorio. Por ello reclaman que la Administración valenciana tome medidas ya que "hasta la comunidad de Madrid, con un modelo parecido [al valenciano] ha modificado las incompatibilidades entre servicios".

Una sola prestación

Fuentes de la Consejería de Bienestar Social indican que la estrategia que se está siguiendo es la de primero conceder un tipo de ayuda y "generalizar al menos una prestación". "Cuando se le haya aprobado a todo el mundo, entonces se harán compatibles dos o más", indicaron las mismas fuentes. Además, desde el departamento que dirige Juan Cotino se indicó que hay servicios, como el de la teleasistencia, que sí son compatibles.

De forma paralela a estas reclamaciones, CC OO recordó ayer que debido al retraso en la publicación de la orden por la que los centros de personas con discapacidad pueden solicitar subvenciones, Bienestar Social aún no ha comenzado a pagar a estas entidades, que se encuentran "estranguladas" y que se han visto obligadas a prestar su servicio adelantando fondos de sus propios bolsillos.