En libertad con cargos el jefe de Carreteras de Mallorca

El ingeniero Gonzalo Aguiar, político de Unió Mallorquina (UM) y director ejecutivo de Carreteras del Consell de Mallorca, fue detenido ayer en su despacho oficial a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, por sus presuntas responsabilidades en una trama de corrupción en la construcción y explotación de la carretera que une Palma con Manacor. Aguiar quedó en libertad con cargos tras prestar declaración.

Hasta 17 personas han sido arrestadas e interrogadas en el marco de la llamada Operación Peaje, cuyos hechos se habrían producido durante la pasada legislatura. El consejero de UM y vicepresidente del Consell, Antoni Pascual, también está incluido en la querella presentada. Éste se limitó a decir ayer: "Espero poder dar mi opinión" sobre el asunto.

La Fiscalía Anticorrupción ha documentado supuestas dádivas en especie abonadas por las empresas concesionarias de la obra. El ingeniero del Consell, Francisco Orejudo, quien está detenido, pudo levantar un chalé en Búger destinado a crear un centro de meditación ligado al kung fu. Otro acusado y arrestado es el vigilante de la obra, el también funcionario Gabriel Mestre, quien en la localidad de Petra alzó una residencia rural muy cerca de la carretera.

Regalos en obra

Los investigadores sospechan que las firmas explotadoras de la carretera le realizaron de forma gratuita los muros, jardines, el pozo y el asfaltado del patio porque "tenían que hacer una fiesta de las concesionarias de la obra" pública.

Aguiar fue hasta 2001 director de la empresa Melchor Mascaró, que lidera la unión de empresas que se adjudicó por 116 millones de euros, en 2004, la obra de desdoblamiento de 50 kilómetros, por el sistema de peaje a la sombra, de pago diferido en 25 años.

La concesión de la gestión de una de las principales vías de Mallorca se realizó bajo el mandato del Partido Popular y UM. Posteriormente, la mayoría de centro izquierda PSOE-UM-Bloc aprobó una modificación de 23 millones y una ampliación de la concesión.

El Gobierno de Baleares -integrado por los socialistas, los nacionalistas de Unió Mallorquina y los nacionalistas de izquierda del Bloc- afronta esta semana la imputación del conseller de Turismo, Miquel Nadal (UM), por el caso de Can Domenge, relativo a la venta de unos terrenos en Palma.