La ex alcaldesa de Jerez ignoró dos informes sobre las adjudicaciones

La ex alcaldesa de Jerez María José García Pelayo (PP) desoyó hasta dos advertencias de la intervención municipal sobre la adjudicación de contratos públicos a dos de las empresas implicadas en la trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

La también parlamentaria andaluza adjudicó en enero de 2004 los contratos de servicios para la presencia de Jerez en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) a las sociedades Special Events y Down Town Consulting (actualmente Easy Concept) por valor de 202.172 euros sin contar con la aprobación del Consejo Rector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) que García Pelayo presidía en calidad de alcaldesa.

La interventora municipal emitió el 8 de enero de 2004 dos documentos en los que hizo constar que el órgano "competente para la aprobación" de los contratos "es el Consejo" del IPDC.

A pesar de estas dos advertencias escritas en las que la interventora municipal detallaba las cantidades a pagar a las empresas adjudicatarias, García Pelayo optó por adjudicar los trabajos a Special Events y Down Town Consulting por resolución de presidencia.

De hecho, sólo una semana después de los informes de intervención la dirigente popular firmó la adjudicación de los contratos "mediante procedimiento negociado sin publicidad" a las empresas investigadas por Garzón.

El 15 de enero rubricó la primera orden de contratación. García Pelayo declaró "válida la licitación" y adjudicó un contrato a la empresa Special Events por valor de 162.806,37 euros.

Días más tarde, el 19 de enero, selló con los representantes de Down Town, Isabel Jordán y Javier Nombela, ambos imputados en la trama de corrupción, la relación contractual para eventos relacionados con Fitur por la cantidad de 40.000 euros.

El expediente completo sobre la gestión municipal en los contratos de Fitur en 2004 está ya en poder de la Audiencia Nacional. La alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez (PSOE), la trasladó ayer a la sede judicial vía fax y por mensajería.

Según fuentes de la presidencia de la corporación jerezana, fue personal del Ayuntamiento el que contactó a primera hora de la mañana de ayer con la secretaría del juzgado de Garzón para enviar toda la documentación.

Siguiendo las instrucciones de la interlocutora, personal municipal transmitió el expediente de manera inmediata a Madrid. A partir de entonces, hubo varias llamadas en las que la secretaría del juzgado requirió la documentación y respondió a diversas dudas de asesores municipales, que, por ejemplo, desconocían si podían facilitar el expediente al Partido Popular una vez remitido a la Audiencia.

Mientras se hacían estas gestiones, la concejal del PP y sus compañeros de filas en la corporación decidieron encerrarse en el salón de plenos del Ayuntamiento. Allí permanecieron más de tres horas reclamando la totalidad del expediente.

A las 14.30 acabó la protesta. Los concejales del PP tuvieron acceso a los 19 documentos relacionados con las empresas a las que García Pelayo adjudicó los contratos en 2004.