El PSPV se desmarca de las críticas de Europa hacia el urbanismo valenciano
Los socialistas valencianos han dado un giro radical respecto de su tradicional empatía con la visión mayoritaria que sobre el urbanismo se tenía en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. El PSPV cree ahora inaceptable el nuevo informe de la Comisión sobre el impacto de la urbanización extensiva en España. El documento, no obstante, se basa en los mismos pilares que informes precedentes, es decir, crecimiento urbano desorbitado, guiado por la "avaricia y la especulación".
Ángel Luna, portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, fue el encargado ayer de trasladar la nueva postura del PSPV. "El informe está desfasado. Habla de todo menos de urbanismo y encierra un ataque indiscriminado al Estado de Derecho español, hasta rebajarlo a la condición de una república bananera. Esta crítica a nuestro ordenamiento jurídico es inaceptable", dijo. "Ello no supone que no mantengamos nuestra discrepancia con la situación actual de la legislación urbanística valenciana", precisó.
Ángel Luna aseguró que su opinión acerca del informe está en consonancia con la de la dirección nacional de los socialistas valencianos. "Está consensuada con la dirección del partido y con la portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Peticiones, Inés Ayala, para que vote en contra del informe si se mantiene en los mismos términos", explicó.Los argumentos expuestos ayer por Ángel Luna, portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas para rechazar el informe y la propuesta de resolución de Bruselas sobre el urbanismo salvaje coinciden básicamente con los esgrimidos desde las filas del PP, en este caso por el eurodiputado conservador José Manuel García Margallo. Ambos ponen el acento en el "inaceptable" ataque del informe al sistema judicial y a la actitud de las autoridades locales y regionales ante supuestos abusos urbanísticos. Y los dos rechazan que el sistema judicial español no garantice el derecho a la propiedad privada.
El portavoz socialista remarcó los argumentos de su rechazo al informe: "No podemos respaldar una propuesta de resolución que contiene, no solamente errores de bulto respecto al alcance de algunas disposiciones legales o de algunas figuras jurídicas de nuestro ordenamiento, sino indiscriminadas y generalizadas acusaciones, de la más diversa índole, sobre autoridades de casi todas las instituciones y de todos los niveles y sobre amplios sectores de actividades profesionales y empresariales". Luna subrayó que "es ocioso" recordar que España es un Estado de Derecho con un entramado judicial respetuoso con las leyes, "y para muestra no hay más que retrotraerse a hace unos días, cuando el Tribunal Supremo ha anulado el planeamiento de Castellón", puntualizó. "Es una broma decir que en España no se respeta el derecho a la propiedad privada", apostilló.
El informe sobre el urbanismo extensivo será debatidas el martes en el seno de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Si se aprueba, se abrirá un periodo para presentar enmiendas antes de llegar al pleno de la Eurocámara. Por lo que respecta al bando de los eurodiputados valencianos, el documento solo cuenta con el respaldo de Los Verdes (la ponente ha sido una eurodiputada de ese grupo, la danesa Margrete Auke). En este sentido, y respecto a la crítica sobre el derecho a la propiedad, el eurodiputado David Hammerstein subrayó que el dictamen no cuestiona que en España no se respecte ese derecho, "sino que en determinados procesos de expropiación no ha sido justificado el elemento de utilidad pública social y medioambiental". Hammerstein ha impulsado la denuncia sobre 250 planes autorizados sin agua.
El diputado autonómico de EU Lluís Torró, también ha expresado su apoyo al documento.
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