Grandes grupos diseñaron la política del PP

El bipartito intenta neutralizar las críticas del PP remontándose a la política eólica de la etapa de Fraga. Los más de 4.000 megavatios de potencia instalados actualmente corresponden a dos modelos de reparto: uno en 1995 y otro en 2001. El decreto de octubre de este último año que regulaba el aprovechamiento eólico más bien se parece a un libro blanco del sector, por sus generalidades, que a una regulación administrativa. En el documento se establecen compromisos genéricos para obtener las autorizaciones, sin concretar baremos ni puntuaciones. No establecía ninguna comisión de valoración ni se hicieron públicos los criterios seguidos. Las admisiones a trámite eran potestad del conselleiro de turno. De ese modo se adjudicaron, de forma progresiva y muy segmentada, cerca de 800 megavatios a empresarios que nada tenían que ver con el sector y que, en muchos casos, antes de desarrollar sus planes vendían las concesiones.

Esa práctica, que se prolongó casi hasta el final de la última legislatura de Fraga y fue censurada por el Consello de Contas, tenía un precedente en 1995, cuando el sector estaba en pañales y entraron a escena los grandes grupos. Se repartieron entonces cerca de 3.800 megavatios que recayeron, en su mayoría, en compañías como Endesa, Acciona, Gamesa y Unión Fenosa. El actual conselleiro de Industria, Fernando Blanco, ha revelado que una consultora filial al 100% de Gamesa, Análisis y Planificación Ambiental (Apasa), elaboró un documento sobre la ordenación eólica de Galicia que sentó las bases de la política de la Xunta. Meses más tarde, sin mediar ningún concurso, Gamesa logró autorización para 600 megavatios, a los que se sumarían después otros 160.