Hacienda pide al juez las cuatro nuevas imputaciones en el 'caso Irún'

La Diputación de Guipúzcoa solicitó ayer al Juzgado de Instrucción número 2 de Irún la imputación de cuatro nuevas personas en el caso del presunto fraude en la oficina de la Hacienda de Irún al considerar que existen indicios suficientes para su puesta a disposición del juez.

La petición se produce después de que el pasado 5 de octubre el diputado de Hacienda, Pello González, anunciase ante la comisión de las Juntas Generales que investiga las responsabilidades políticas del caso que su departamento posee "información suficientemente significativa" para las nuevas imputaciones. González les consideró "colaboradores necesarios" de la trama que defraudó 8,1 millones de euros al erario guipuzcoano y se apropió de 1,6 millones. Por este delito se hallan imputados el ex director de la oficina tributaria de Irún, José María Bravo; su esposa, Rosa Cobos; la funcionaria Pilar Gracenea y Pedro Atristain, socio del primero, además del decorador José Lamy.

La institución foral rehusó ayer facilitar la identidad de los posibles nuevos imputados acogiéndose a la ley de Protección de Datos y a la presunción de inocencia. Sin embargo, ya ha trascendido que dos de ellos podrían ser Juan Pardo, inmediato superior de Bravo en la Hacienda foral, y el asesor jurídico Mariano Bravo.

Sobreseimiento rechazado

La petición de la Diputación fue tramitada por los servicios jurídicos del ente foral que, de manera provisional, asumirán la representación jurídica en el caso tras la renuncia presentada esta misma semana por su anterior letrado, José Ricardo Palacio.

El juez que instruye esta causa, Julián García Marcos, ha desestimado el sobreseimiento libre solicitado por la representación procesal de la funcionaria de Hacienda Pilar Gracenea. En su auto, dictado el pasado 13 de octubre, el juez considera que "existen indicios de criminalidad" contra Gracenea que "excluyen hasta el momento en que la instrucción termine" la posibilidad de acordar el sobreseimiento de la causa abierta contra ella.

Entre los citados indicios, el juez señala que algunos expedientes en los que obran insolvencias fueron tramitados en fechas posteriores a la excedencia del principal imputado, José María Bravo.

El escrito apunta también que "aún quedan por dilucidar las discrepancias" alegadas por la funcionaria de Hacienda, para lo cual "posiblemente sean necesarias nuevas diligencias de instrucción". Ésta es la segunda vez que el juzgado desestima la petición de archivar las actuaciones contra Gracenea.