Los olvidados

Dicen que escampa. El Gobierno de España concederá a la banca avales por valor de 100.000 millones. Alemania inyectará 400.000 millones de euros para rescatar la banca. Reino Unido se ha lanzado a la nacionalización parcial de sus tres principales entidades bancarias. Francia dará garantías por 320.000 millones de euros. Baja el Euribor, las bolsas se disparan, los pajaritos cantan, las nubes se levantan.

Después de lo que ha caído, parece un buen comienzo de semana. Sin embargo, en medio de los altibajos financieros, convendría recordar que estamos en la llamada "semana contra la pobreza", que arranca hoy con la colocación de una gran pancarta sobre el mercado central de Valencia, convertido en símbolo del cuerno de la abundancia de una parte del primer mundo.

Y aunque el problema de la pobreza no debería necesitar ninguna excusa para que estuviera presente en la primera página de la agenda política, la celebración de esta semana puede ser un buen pretexto para llamar la atención sobre la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía. La norma se aprobó en las Cortes Valencianas, con el apoyo del PP y del PSOE a finales de la pasada legislatura y teóricamente entró en vigor el pasado mes de marzo. Tal vez fue la única ley relevante de un parlamento caracterizado por una vacuidad que roza el onanismo político. Finalmente, aprobaron esta ley que dignificaba a los parlamentarios en su condición de servidores públicos y a nosotros los valencianos como ciudadanos solidarios. La norma prevé unas prestaciones de entre 373 y 603 euros al mes para las personas pobres que participen en cursos de inserción sociolaboral. Sin embargo, el Gobierno de Francisco Camps tiene paralizada su aplicación. Hace apenas unos días, el Consejo Diocesano de Cáritas advirtió sobre la situación, reclamó una dotación económica para poder aplicar la norma y solicitó una gestión ágil, que evite la burocratización de los servicios sociales. Además, Cáritas se ofrecía a la Administración para detectar las necesidades que existen en este ámbito y colaborar en el desarrollo y puesta en marcha de la ley.

Para el Gobierno valenciano ha sido como si oyera llover. La denuncia de la organización católica ha pasado prácticamente desapercibida en medio de los festejos del 9 d'Octubre. Una celebración a la que, pese a la crisis, se le ha añadido la conmemoración de una ridícula cabalgata, reincidiendo en la política de grandes fastos que tanto gusta al gobierno de Camps.

Dicen que el olvido es una segunda muerte, que sigue a la desaparición física. Pero, en esto, también hay clases. Para muchos el olvido es la primera causa de muerte. La semana contra la pobreza es una invitación a la ciudadanía a reclamar el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, unos objetivos que cada vez parecen más lejanos. Sólo en la jornada de ayer los gobiernos europeos inyectaron un billón de euros a la banca. En medio de esta oscura crisis financiera, si algo empieza a quedar claro es que, no sólo otra política y otra economía son posibles, sino que, sobre todo, son necesarias. Agua para todos.