"Quienes lo mataron deberían haber pagado"

La indemnización de 135.000 euros que el Estado pagará a las víctimas de la policía y los grupos ultra no es lo que buscaba la familia de Romualdo Barroso. "Nosotros lo que realmente queríamos es que se hiciese justicia", dice su hermana Evangélica. "Ya ha pasado mucho tiempo, pero quienes lo mataron a él y a sus otros cuatro compañeros deberían haber pagado por lo que hicieron", continúa.

Romualdo Barroso, un joven de 19 años, era uno de los cerca de 4.000 trabajadores que se pusieron en huelga en enero de 1976 en Vitoria. El 3 de marzo de ese año celebraron una reunión asamblearia en la parroquia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga. La policía lanzó gases lacrimógenos para sacarlos y, cuando salieron, fueron recibidos a tiros por los agentes. Además de los cinco muertos, otras 47 personas tuvieron que ser hospitalizadas, 26 de ellas también con heridas de bala.

Tras muchos años de lucha, la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo consiguió que el pasado junio el Parlamento vasco aprobase el dictamen que atribuye responsabilidades políticas a tres ministros de la época: Manuel Fraga (Interior), Rodolfo Martín Villa (Relaciones Sindicales) y Alfonso Osorio (Presidencia). La versión oficial, sin embargo, todavía mantiene que los policías fueron atacados por los manifestantes.

Quizás por eso, aunque la familia recibió con satisfacción la noticia de que posiblemente será indemnizada como víctima, el sentimiento que predominaba en ella ayer es "la pena". "Mi padre siempre ha luchado por que se estableciera la verdad y a estas alturas estamos muy desilusionados", cuenta Evangélica Barroso, que ve cómo "los responsables de la matanza quedaron impunes".