La CE amenaza con llevar las irregularidades del IVVSA a los tribunales

La falta de transparencia de algunas actividades del Instituto Valenciano de la Vivienda, S A (IVVSA), y de Actuaciones Urbanas de Valencia, SA (AUMSA), lleva camino de acabar en el banquillo del Tribunal de la Unión Europea. En cuestión se hallan las tareas de ordenación urbanística encomendadas por esas dos empresas públicas a otras mixtas creadas por ellas a mediados de la década. Bruselas ha enviado una nueva solicitud de información a las autoridades españolas, que si no es respondida a satisfacción, acabará ante el tribunal de Luxemburgo.

Bruselas lleva desde 2006 analizando el proceso de selección de accionistas y adjudicación de contratos públicos por parte de ambas sociedades, con capital controlado al 100% por la Generalitat y por el Ayuntamiento de Valencia, a la sociedad Cabanyal 2010, creada con empresas privadas para ejecutar el plan de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez. Fuentes comunitarias no quisieron ayer confirmar si el nuevo apercibimiento se refería sólo a Cabanyal 2010 o se extendía a otras sociedades, en el que se encuentra también el IVVSA, como indicaba el comunicado en que se daba cuenta del envío de un dictamen motivado a España sobre el caso. Las empresas que entraron en la sociedad mixta del Cabanyal decidieron hace unos meses vender su participación por la crisis inmobiliaria.

En la jerga comunitaria, un dictamen motivado es el segundo paso en un procedimiento de infracción, una vez que el primero (carta de emplazamiento) no ha recibido respuesta satisfactoria. Las autoridades españolas tienen ahora dos meses para replicar a la información recabada. Ese plazo oficial suele ser más amplio en la práctica. El análisis por parte de los servicios de la Comisión de la respuesta recibida lleva también un tiempo, lo que permite vaticinar que hasta bien entrado 2009 Bruselas no decidirá sobre si definitivamente sentar a España en el banquillo de Luxemburgo.

Alega el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, que el IVVSA y AUMSA crearon con accionistas privados sociedades mixtas a las que asignaron tareas de ordenación urbanística con cargo al erario público en violación de las directivas europeas sobre contratación pública, en particular materia de publicidad, y del principio de igualdad. Fuentes del Consell aseguraron ayer no tener "noticia formal" del dictamen.