Mal apodo histórico

En los cenáculos de la alta política socialista no hay día en que alguno de sus ilustres miembros no maldiga el sobrenombre épico con el que fue bautizado uno de los preceptos del Estatuto de Autonomía de 1981. En lenguaje llano, éste venía a decir que cuando el Estado traspasó las competencias a Andalucía, al comienzo de la autonomía, le dio dinero de menos, y eso había que compensarlo. Su nombre oficial era Disposición Adicional Segunda, pero Izquierda Unida lo apodó "deuda histórica" por razones prácticas -¿cómo vendía si no un enunciado tan anodino?-, además de por la evidente carga reivindicativa del nuevo concepto.

Fue en la legislatura conocida como de la pinza (otro apodo), entre 1994 y 1996, en la que IU y PP sumaban mayoría en el Parlamento. El Gobierno de entonces, que ya presidía Manuel Chaves (Arenas estaba en la oposición), puso el grito en el cielo, pero los medios de comunicación compraron enseguida la ingeniosa denominación que, como se sabe, hizo fortuna. En plena angustia por esquivar un anticipo de las elecciones -que al final se consumó-, Chaves aceptó consignar una partida para la deuda histórica y forzó que el Estado pagara (en la legislatura siguiente) 120 millones de euros. El cambio de signo político operado en la Moncloa en 1996 (de González a Aznar) trajo tras de sí una radical mutación del discurso del PSOE de Andalucía y de la propia Junta, quienes cogieron la bandera de la deuda con enorme entusiasmo para desgastar al Ejecutivo popular.

Transcurrieron otros ocho años de reivindicación machacona, y cuando el PSOE volvió al Gobierno central la deuda histórica aún seguía allí. Archiconocida por su apodo y totalmente asentada. Porque como, se lamentan los mencionados dirigentes socialistas, el mote de la Disposición Adicional Segunda ha sido un verdadero lastre a la hora de convencer a sus compañeros de Madrid. ¿Qué territorio no tiene una deuda histórica? ¿A quién no se le debe algo? Aún así, al aprobar el nuevo Estatuto, el PSOE andaluz consiguió convencer al equipo del ministro Pedro Solbes de que no iba de eso, hubo incluso un anticipo de 300 millones, y el texto recogió un plazo para acordar la cifra: mañana. No se ha cumplido.

Otra vez el alias (deuda histórica) cae como una maldición justo cuando el Gobierno negocia un modelo nuevo de financiación y en medio de duros recortes presupuestarios.