El fiscal pide seis meses para el ex concejal de Urbanismo de Vitoria, del PP

El anterior concejal de Urbanismo de Vitoria, el popular Jorge Ibarrondo, se enfrenta a una petición fiscal de seis meses de prisión por prevaricación urbanística en el caso de los chalés de Ali. La vista oral está prevista para los primeros días del próximo mes de octubre y en ella Ibarrondo también se enfrenta a una petición fiscal de siete años de inhabilitación como concejal y al pago del derribo del séptimo chalé de la urbanización, considerado supuestamente ilegal, para lo que deberá depositar la correspondiente fianza.

El denominado caso Ali se remonta a 2003, cuando la constructora Salgado Iglesias SA comenzó a construir unos chalés en el concejo homónimo del Ayuntamiento vitoriano. Ibarrondo está acusado de haber cambiado el dictamen del Departamento de Urbanismo en contra del criterio de los técnicos municipales que, al menos en dos informes, avisaron de que no se podían construir más de seis chalés en una parcela. Este terreno no alcanzaba, según el catastro, los 2.000 metros cuadrados preceptivos para levantar una vivienda unifamiliar más.

El entonces concejal se escudó en una documentación presentada por la constructora, que fijaba las dimensiones del terreno en 2.160 metros cuadrados, y decididó dar la licencia urbanística para ese séptimo chalé, que ya se había levantado. En más de una ocasión, Ibarrondo ha señalado que actuó de buena fe.

"Benevolente"

El fiscal considera, en cambio, que Ibarrondo ocultó ese hecho a los servicios jurídicos municipales hasta que la oposición municipal comenzó a investigar posibles irregularidades en la concejalía de Urbanismo. En último término y ante la presión del resto de los ediles, Ibarrondo y el entonces director del departamento, Antón Sáenz de Santa María, incorporaron la aprobación de la licencia al expediente.

La petición de pena del fiscal fue considerada "demasiado benevolente", por José Navas, portavoz en el Ayuntamiento de EB, formación personada en la causa como acusación popular. "Son las penas más bajas que recoge el Código Penal, que estima hasta 10 años de inhabilitación y dos de prisión por delitos relacionados con la prevaricación urbanística", añadió.

EB también pidió al alcalde, Patxi Lazcoz, que el Ayuntamiento se persone también en la causa. "Eso sí, en ningún momento deberá afrontar ningún pago", añadió Navas, en referencia a que la fiscalía señala al consistorio como responsable civil subsidiario de los gastos de derribo del chalé ilegal. Esa vivienda permanece hoy en venta, propiedad de la constructora.