El plan general de Vigo arranca bajo amenazas de nulidad

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, celebró ayer la entrada en vigor del plan general de urbanismo por el impulso que representa para la economía viguesa, que cuantificó en 90.000 millones de euros, y porque significará "una mejora inigualable de la calidad de vida de los vigueses". También, en su glosa, lo declaró "jurídicamente blindado", pero numerosos colectivos vecinales se aprestan para iniciar recursos contra la ordenación puntual de distintos ámbitos y al menos otros dos contenciosos están en marcha reclamando la anulación global del plan.

Uno de los recursos de nulidad aduce la falta de una nueva exposición pública

Tras una tramitación burocrática de dos a cuatro meses, las obras comenzarán en 17 ámbitos, lo que, con otros efectos, invertirá en Vigo las tendencias generales de la crisis económica, adujo el alcalde. Pero no parece que el plan vaya a caminar con esa euforia que él pregona.

La Federación de Asociaciones de Vecinos ha anunciado que pugnará por una modificación puntual del documento para corregir el aumento de cargas, singularmente de vivienda protegida, en las zonas periurbanas, en consonancia con "la caída en picado de la economía y contra las valoraciones que se hicieron para fijar esas cargas".

Otros colectivos vecinales están a la expectativa de los planes concretos de ejecución que presenten los promotores en sus ámbitos para responder a los mismos en los tribunales, y tres de ellos (Asociación de Afectados por la Ronda, las asociaciones de los barrios de A Salgueira, Sárdoma y Lavadores, que hacen un frente común, y la plataforma Alternativa Veciñal) han iniciado ya las actuaciones con el objetivo de anular el plan.

"Siempre estuvimos en contra, desde 2004, y ahí vamos a seguir", asegura José Antonio Puras, secretario de la asociación de A Salgueira "para impedir que tiren nuestras viviendas y barrios". La ejecución del plan amenaza con demoler unas 15.000. El bufete que han contratado, que ya consiguió la anulación del plan general de Ourense, inició en julio el contencioso con idéntico propósito en Vigo. La clave, para ellos, es el no sometimiento del plan a una nueva exposición pública.

Tras la primera y única exposición pública se presentaron 61.000 alegaciones, que el PP, a la sazón en el gobierno local, declaró sustanciadas. Otros 21.000 vecinos pidieron la celebración de un referéndum sobre el tema, que no prosperó. En el plan, según consideran, se han operado cambios sustanciales (amputación de cuatro kilómetros de la Ronda, cambio de ubicación de la depuradora, incremento de vivienda protegida...) que obligan a nueva exposición pública.

Alternativa Veciñal busca la anulación del plan por "ilegal, insostenible y antidemocrático" y desde una óptica ambientalista. Ha recurrido la exención, por parte de la Consellería de Medio Ambiente, del procedimiento de evaluación ambiental estratégica y además recurrirá la orden de Política Territorial de mayo pasado que aprobó el plan por su incoherencia con la orden anterior de 2007, que fijaba las correcciones a realizar.

Aproin, la asociación de promotores, tratará de evitar que prosperen estos recursos "porque sería catastrófico".