Barrientos seguirá en prisión por riesgo de fuga y de intromisión en la investigación

La Audiencia Provincial de Málaga ha acordado mantener en prisión al ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos, detenido en la operación Astapa contra la corrupción, al entender que existe riesgo de fuga por la gravedad de los hechos que se le imputan y la pena de cárcel a la que deberá enfrentarse.

El tribunal rechaza así el recurso presentado por su abogado y el de tres implicados más, el que fuera su jefe de gabinete, José Flores, y los ex concejales José Ignacio Crespo y Manuel Reina. La sección segunda de la Audiencia sí ha estimado parcialmente el recurso del quinto encarcelado, el ingeniero de Obras Públicas Javier Wittmeur, que deberá pagar una fianza de 60.000 euros para salir en libertad.

La defensa de Barrientos pidió la libertad para su cliente basándose en que no existen indicios de fuga y en que no puede manipular pruebas porque ya no es alcalde ni miembro del PSOE. La Audiencia, sin embargo, considera que podría influir en la investigación, ya que ocupó el cargo bastante tiempo y prestó servicios a personas en cuya declaración podría influir. "Por el momento concurren todos los requisitos para la adopción de la medida privativa de libertad", añade el auto.

Para evitar su excarcelación, la Fiscalía argumentó, en la vista celebrada a puerta cerrada el pasado lunes, que Estepona es una localidad pequeña, en la que se había creado un clientelismo "más que evidente en los últimos años". Defendió también que existe riesgo de fuga de Barrientos por la elevada cantidad de años de prisión a la que deberá enfrentarse. La Sala ha confirmado los autos de prisión dictados por la juez que investiga el caso, Isabel Conejo.

"En este momento es necesario preservar la posible influencia del imputado por si obstaculizara la investigación de los hechos", indica la resolución.

La juez imputa a Barrientos los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. Lo considera el máximo responsable de una trama municipal que se dedicaba a conseguir dinero irregular para financiar actos públicos y enriquecerse personalmente.

El ahora alcalde de Estepona, David Valadez, intenta ahora poner en orden el Ayuntamiento y contener el gasto desmedido al que estaba acostumbrado. El socialista ha ordenado dar de baja más de 40 teléfonos corporativos que eran utilizados por empleados municipales. En una medida que forma parte de un plan de contención de gastos, el regidor manifestó que su intención es aplicar "a rajatabla una política de austeridad basada en el sentido común". Valadez además revisará los pluses y los complementos injustificados y desproporcionados que cobran algunos de los trabajadores.