El PP pide la regularización laboral de miles de rumanos

A principios de este año estaban empadronados en España 728.967 rumanos y búlgaros. Aunque son ciudadanos de la UE, sólo una parte de ellos tiene permiso para trabajar. A los demás -decenas de miles- se lo impide la moratoria laboral de dos años impuesta por el Gobierno cuando sus respectivos países entraron en la UE (enero de 2007). La medida intentaba prevenir una avalancha de inmigrantes. Sorprendentemente, el PP acaba de presentar en el Congreso una proposición no de ley en la que pide el levantamiento "inmediato" de la moratoria.

La petición del PP es insólita por tres motivos. Primero: en el último año y medio sólo IU había solicitado una medida similar. Segundo: el PP ha atacado duramente al Gobierno porque éste se ha negado a incluir en la ley de extranjería una renuncia expresa a las regularizaciones masivas (y la que ahora propone el PP puede ser calificada como tal, al menos a efectos laborales). Y tercero: la propuesta llega precisamente cuando la crisis económica está poniendo a prueba la resistencia del Estado del bienestar.

El PP argumenta que los nacionales de Rumania y Bulgaria "que llegan a España y quieren trabajar (...), a pesar de ser miembros de la UE, son considerados como ciudadanos de segunda. Esto lleva a que muchos (...) trabajen en la clandestinidad o como autónomos, pero, por lo general, en condiciones de precariedad". Firma el texto la portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría.