España y Francia pactan la política de inmigración europea

Tras una larga y correosa negociación, España y Francia alcanzaron ayer un acuerdo sobre el pacto europeo de inmigración, que ahora someterán a sus restantes socios de la UE. Una hora y media de reunión, en el palacio madrileño de Santa Cruz, bastó a la delegación francesa -encabezada por el ministro de Inmigración, Brice Hortefeux- y a la española -con los ministros de Asuntos Exteriores y Trabajo, Miguel Ángel Moratinos y Celestino Corbacho, flanqueados por los secretarios de Estado para la Unión Europea y de Inmigración, Diego López Garrido y Consuelo Rumí- para llegar a una "redacción común".

Decae el contrato de integración y se suaviza el rechazo a la regularización

Los participantes no quisieron revelar detalles, pues el documento debe ser aprobado esta mañana por los gobiernos español y francés, antes de su remisión esta misma tarde al Ejecutivo alemán. Durante el fin de semana será conocido por los demás socios europeos, para que pueda debatirse en la reunión que los ministros de Justicia e Interior de los Veintisiete celebrarán el lunes en Cannes (Francia). Su ratificación definitiva está prevista para la cumbre del 15 de octubre en Bruselas.

El presidente Nicolas Sarkozy ha hecho de la inmigración uno de los temas estrella de la presidencia francesa de la UE, que se inició el 1 de julio deslucida por el no irlandés al Tratado de Lisboa. Desde hace meses, Sarkozy ha buscado el respaldo de Zapatero, único gobernante socialdemócrata de un país importante de la UE, a excepción del laborista Gordon Brown.

Según fuentes diplomáticas, la negociación ha sido complicada, pues ambas partes partían de posiciones contrapuestas: una visión negativa de la inmigración en el caso francés y positiva del lado español. La directiva de retorno, que permite internar hasta 18 meses a los indocumentados, complicó las cosas, debido a la irritación que provocó en los países latinoamericanos. "No queríamos que se entendiera que Europa lanza un nuevo mensaje contra los inmigrantes", explicaron dichas fuentes. Pero, a diferencia de la directiva, el pacto no es un texto jurídico sino una declaración política y eso ha permitido buscar una redacción ambigua que permitiera a las dos partes dar por satisfechas sus aspiraciones.

Al final, las discrepancias se habían centrado en dos aspectos: el llamado contrato de integración y la prohibición de las regularizaciones masivas.

Desde hace varias semanas, Francia había aceptado eliminar la alusión al contrato -que para el Gobierno socialista español era particularmente indigerible porque Rajoy hizo bandera del mismo en la pasada campaña electoral- aunque su primer ministro, François Fillon, no quiso reconocerlo el viernes pasado en Zaragoza. Eso no quiere decir que desaparezcan algunos de los contenidos de ese contrato (como la necesidad de que los inmigrantes conozcan la lengua y respeten las costumbres del estado anfitrión), que está vigente en algunos países europeos.

Respecto a la prohibición de regularizaciones masivas, España ha insistido en que el texto no pudiera interpretarse como una descalificación de la regularización de casi 700.000 inmigrantes que hizo en 2005. La fórmula definitiva va en la línea de proscribir las regularizaciones generales indiscriminadas, pero no caso por caso.