La 'broma' de la jornada de 65 horas

Estos últimos días, la sociedad española ha asistido con estupefacción a la aprobación de una iniciativa laboral más propia del viejo siglo XIX que del XXI. Nos referimos a la ampliación de la jornada de trabajo. La Comisión Europea "ha propuesto" extender sus límites hasta las 65 horas semanales. Uno de los principales logros del movimiento social europeo, la limitación del tiempo de trabajo, parece así en peligro. ¿Estamos asistiendo al comienzo de un retroceso en los derechos de los trabajadores?

Periódicamente, distintas voces abogan por flexibilizar el mercado de trabajo, peticiones que se acentúan en momentos de crisis como el actual. La eliminación de los límites de la jornada constituye una de sus reivindicaciones naturales.

El tema, sin embargo, no es nuevo. La directiva lleva años deambulando por los despachos. España, junto con Francia e Italia, había conseguido hasta el momento bloquear su aprobación, pero la deserción de estas últimas ha despejado el camino.

En los últimos tiempos, la política de los países en este ámbito se ha movido en dos direcciones: la primera dirigida a la ampliación de la jornada, encabezada por el Reino Unido; la segunda, buscando la eliminación de las excepciones a los límites de la jornada cuando el trabajador consentía su ampliación (cláusula opt out), apoyada, entre otros, por España. Los recientes cambios de Gobierno acaecidos en diversos países de nuestro entorno han permitido que prospere la primera solución.

La normativa que se pretende aprobar ahora mantiene la semana de trabajo en 48 horas, pero permite que, en virtud de acuerdos individuales, empresario y trabajador puedan alargar la jornada laboral hasta las 60 horas semanales e incluso hasta las 65 horas en el caso de guardias médicas.

La aprobación de la propuesta ha sido recibida con fuertes críticas. No cabe duda de que puede abrir el camino hacía la competencia desleal entre los países, fragmentando el mercado de trabajo europeo. El texto deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo, que es quien tiene ahora la última palabra.