El fiscal general afirma que los juicios de Guantánamo seguirán

Que la decisión fue histórica y dejó sin legitimidad alguna el sistema de justicia paralelo creado por George Bush tras el 11-S y encarnado en Guantánamo, no hay duda. Pero tampoco la hay de que el dividido voto del Tribunal Supremo sobre la inconstitucionalidad de mantener encerrados a presos sin derecho a asistencia jurídica no resuelve el problema de los más de 270 presos cautivos. El fiscal general, Michael Mukasey, aseguró que el fallo del Supremo no afectará a procesos militares en marcha en la base norteamericana.

El día después de dictaminar que había llegado el fin de Guantánamo tal y como se conocía trajo más incógnitas sobre lo que va a pasar en el futuro que certidumbres. De momento, y con casi total seguridad, el centro de detención creado hace más de seis años y medio en Cuba pasará en herencia en noviembre al próximo presidente de Estados Unidos y su nuevo Congreso.

Aún con los días contados, la actual Administración republicana ya ha comenzado a estudiar cómo esquivar -una vez más, y serían tres- el fallo del máximo órgano judicial de EE UU. En palabras del propio fiscal general norteamericano, Michael Mukasey, "la decisión del Supremo sobre los sospechosos de terrorismo detenidos en Guantánamo traerá un torrente de apelaciones de los detenidos, pero no afectará a los procesos militares planeados para algunos de los presos". O lo que es lo mismo: todo seguirá igual en la base militar radicada en Cuba.

El portavoz del Departamento de Justicia, Peter Carr, anunciaba que el Gobierno no tenía ninguna intención de paralizar los juicios militares a los presos de Guantánamo. "Son enemigos combatientes que han sido acusados por comisiones militares por crímenes de guerra", dijo Carr. "Se les han garantizado muchas protecciones adicionales de cara a esos juicios. Seguiremos adelante", añadió.

Papeleo legal

Al igual que hizo el presidente George Bush desde Roma nada más conocer la sentencia, Mukasey manifestó su decepción y auguró un sinfín de papeleo legal que "impugnará la detención de combatientes enemigos para que sean procesados ante cortes federales de distrito".

Según los analistas, entre ellos Andrew McBride, quien con anterioridad se alineó con la Administración de George Bush respecto a la política practicada en la base naval, una decisión errónea sobre qué hacer con los presos "podría ser devastadora para el país en términos de ataques terroristas", según declaró a la Radio Nacional Pública.

Si no se encuentra una solución, puede que haya que liberar a una gran parte de los presos dentro de EE UU, argumenta McBride. De hecho, ya está aprobada la puesta en libertad de una tercera parte de los reos, que tras años de encarcelamiento son ahora considerados como "no peligrosos". Pero puesto que ni sus países ni otros terceros los aceptan por haber sido una vez calificados por EE UU como "lo peor de lo peor", estos hombres no tendrán otro remedio que quedarse dentro de EE UU.

En Washington, el juez al frente del circuito del distrito federal convocó ayer a sus colegas para comenzar a estudiar lo que se plantea como una ardua misión.