Contra el bloqueo de la Dependencia

Colectivos cívicos denuncian el boicot del Consell a la norma del Gobierno

Unas 400 personas se concentraron ayer en la plaza de Manises frente al Palau de la Generalitat para protestar por el "bloqueo del Consell a la ley de Dependencia". Reclamaban "dignidad, igualdad y justicia social". En el manifiesto de los convocantes, la Coordinadora Acció i Reflexió Ciutadana Valencià, que aglutina a 70 organizaciones cívicas, se aseguró que hay más de 20.000 grandes dependientes valencianos y que alrededor de 1.000 personas han muerto sin percibir ayudas desde que entró en vigor la ley en abril de 2007.

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Según los últimos datos suministrados por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, a fecha de 5 de mayo en la Comunidad Valenciana se han tramitado 10.163 solicitudes. Suponen solo un 2,72% de las 374.000 tramitadas en toda España y solo País Vasco, Cantabria, Murcia y La Rioja han tramitado menos peticiones.

Según el ministerio, el Consell ha realizado 7.036 valoraciones (el 69% del total) y ya tiene dictámenes para 6.999 solicitantes, la inmensa mayoría de ellos (6.996) van destinados a un gran dependiente, o de grado III, es decir, que "necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal", según la ley. Los críticos con la gestión del Consell aseguran que prácticamente todos ellos ya estaban atendidos, por lo que el Consell se limita a tramitar estas ayudas para percibir la cofinanciación del Gobierno central.

El problema es que el Consell nunca da la cifra de cuántas personas dependientes que hasta ahora eran atendidas en casa por familiares porque no podían permitirse pagar una residencia han comenzado a recibir prestaciones al calor de la ley.

El consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, negó ayer que realice "ningún boicot", aseguró que 400 personas están "dedicadas a las valoraciones" y reconoció que primero están tramitando las ayudas a las personas que ya recibían prestaciones.

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