Aprobada la ley de la minería que regularizará las canteras ilegales

El pleno del Parlamento aprobó ayer, con el respaldo de los grupos que apoyan al Gobierno (PSdeG y BNG) y el voto en contra del PP, el texto definitivo de la Ley de Ordenación de la Minería de Galicia, la primera regulación legal de este sector en toda España desde el año 1973, según el conselleiro de Innovación, el nacionalista Fernando Blanco.

El titular de la consellería explicó desde la tribuna de la Cámara autonómica que la norma se preparó con la participación del sector con el fin de adecuar las explotaciones de las canteras gallegas a "la realidad y al entorno" del siglo XXI. El objetivo de la ley, recordó, es poner al día el sector y regularizar con criterios objetivos muchas de las explotaciones que desde hace años se hallan "fuera de control e, incluso, fuera de la legalidad".

La minería integra en Galicia a unas 1.600 empresas, da empleo a 20.000 trabajadores y aporta un 10,2% de valor añadido bruto a la industria. Las exportaciones del sector en 2007 sumaron cerca de 450 millones de euros.

Una de las novedades que introduce la ley es la calificación de "municipios mineros" para algunos ayuntamientos, una denominación concebida para servir de marco a una planificación específica.

"Ley bipolar"

El PP rechazó la ley con el argumento de que introduce inseguridad jurídica. Su portavoz, Ángel Bernardo Tahoces, la calificó de "ley bipolar" porque, aunque define la actividad minera como estratégica y esencial, "la demoniza y la prohíbe".

En su intervención ante el pleno, el representante de la oposición echó en falta una regulación que impida conflictos como el de la mina del Serrabal, cuya concesión se ha visto afectada parcialmente por el trazado de la línea de ferrocarril de alta velocidad Ourense-Santiago.

Los portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno defendieron la puerta que la ley abre a la regularización de las 400 explotaciones que se encuentran fuera de la legalidad desde la aprobación de la ley del suelo de 2002.

En la misma sesión del pleno fueron aprobadas otras dos iniciativas impulsadas por consellerías nacionalistas: la reforma de la ley reguladora del Consello de Relacións Laborais (que mereció el respaldo unánime del Parlamento) y la de creación de la Axencia de Industrias Culturais. En este caso el PP votó en contra.