Aragón reclama que se cancele el trasvase a Barcelona si no hay emergencia

Si no hay emergencia, no debe haber conducción de agua a Barcelona. Es lo que piensa el presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, quien ayer aseguró en Zaragoza que si las lluvias de los últimos días alivian la situación de Barcelona pedirá que no se ejecute la tubería para llevar agua desde Tarragona.

"Si esto ocurre, la ley prevé que la obra no se ejecute. Nosotros exigiremos que la ley se cumpla y no creemos que haya ningún Gobierno que quiera estar por encima de la ley. Ni el de España ni el de Aragón lo estarán", añadió Iglesias. El presidente de Aragón recordó que el decreto ley recoge en su disposición final tercera que dejará de estar vigente si se superan la extraordinaria necesidad.

"He encargado que se haga un seguimiento de precisión de cómo está aumentando la reserva de los embalses en Cataluña, que han aumentado y en cuanto salgan de la situación de alarma pediremos que se cumpla la ley", aseguró Iglesias.

La Agencia Catalana del Agua informó ayer de que los pantanos del Ter-Llobregat ya acumulan 170,75 hectómetros, cinco más del límite fijado para salir del nivel de excepcionalidad II, que restringe el uso de agua potable para regar y llenar piscinas.

Informe del Justicia

Casi al mismo tiempo, el Justicia de Aragón -el defensor del pueblo de la comunidad-, Fernando García Vicente, emitía un informe en el que se sugiere al Gobierno autónomo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto aprobado para llevar agua a Barcelona. El Justicia, cuyos informes no tienen carácter vinculante, son sólo consultivos, esgrime la falta del informe preceptivo exigido en el artículo 72.3 del Estatuto de Aragón y cuestiona que la decisión se haga vía real decreto, que no justifica ni la urgencia, ni la necesidad, ni la existencia de otras alternativas.

García Vicente asegura que emite el documento ante el descontento y preocupación de numerosos colectivos sociales y porque entre sus competencias está la defensa del Estatuto de Autonomía. No entra en el dilema de si la conducción es o no un trasvase, pero sí recuerda que el trasvase de 1981 -que hacía una previsión de llevar agua a Barcelona- fue derogado en 2004; y que el coste de la obra excede en principio el concepto de provisionalidad.