Fracasa la directiva europea para los 'sin papeles'

Los representantes de los Veintisiete Estados miembros fracasaron ayer en su intento de alcanzar un acuerdo sobre la directiva de retorno de emigrantes sin papeles, situación en la que se encuentran cerca de ocho millones de personas en la UE. La iniciativa fracasó por el rechazo del texto consensuado con el Parlamento Europeo, porque 10 países exigieron incluir condiciones aún más duras a las acordadas.

Alemania, Austria y Grecia rechazan asumir los costes de la asistencia jurídica

Francia quiere poder echar a los menores aunque estén a mitad de curso

La próxima semana se intentará de nuevo alcanzar un pacto, pero con muy pocas posibilidades de éxito, según fuentes comunitarias. Si se introducen las numerosas medidas de endurecimiento propuestas por Italia, Francia, Alemania, Austria, República Checa, Hungría, Malta, Lituania, Grecia y Polonia, el Parlamento Europeo exigirá en contrapartida sus reivindicaciones, que exigían un trato más favorable y garantista para los emigrantes en situación irregular. En la reunión de los embajadores se manifestaron a favor del texto de consenso de la directiva España, Luxemburgo, Suecia y Holanda.

La reunión se inició con las manifestaciones de oposición de Francia y Alemania, lo cual animó a otros países a presentar sus reservas y afloraron de manera explícita las ideas sobre los emigrantes de algunos Gobiernos, como el francés.

Los argumentos de rechazo se articularon en cinco grupos. Alemania, Austria y Grecia rechazaron tener que asumir los costes de la asistencia jurídica de los sin papeles. República Checa, Francia y Hungría pidieron un plazo menor al previsto, de 7 a 30 días, para los casos de salida voluntaria de los inmigrantes sin papeles. El tercer argumento lo abanderó Francia, que se opuso también a las garantías a los menores que se encuentran en edad escolar. El Gobierno francés quiere poder expulsar a los menores con independencia de su situación escolar, sin esperar al final del curso, según indicaron fuentes comunitarias. En cuarto lugar, Austria, Polonia, Malta y la República Checa rechazaron el pacto por estimar que eran demasiado prolijos los mecanismos de seguimiento y de control de las expulsiones. En definitiva, querían menos garantías para los inmigrantes. Finalmente, varios Gobiernos pidieron que los extranjeros expulsados de un país comunitario no puedan volver a dicho país durante un periodo más largo de los cinco años que establece la propuesta de directiva.

Por la mañana, en el Parlamento Europeo se celebró un seminario en el que se pudieron apreciar las amplias diferencias existentes entre los grupos. El ponente Manfred Webber, del PPE, defendió el texto "como un avance en la buena dirección", señalando que el establecimiento de un límite de seis meses de detención, ampliable a 18 en casos especiales, suponía una mejoría porque en nueve Estados no existe límite y "la UE quiere evitar una detención ilimitada". Webber definió los centros de internamiento como "instrumentos para hacer presión psicológica a los detenidos".

El representante de los socialistas, Claudio Fava, aseguró que su grupo votaría en contra de la directiva, a la que calificó de "degeneración jurídica que trataba a los inmigrantes como una subespecie humana". También Giusto Catania, de Izquierda Unitaria, manifestó su total rechazo "al alargamiento de los plazos de 6 a 18 meses a personas que sólo han cometido faltas administrativas en centros que son peores que cárceles".

Jean Lambert, de Los Verdes, se mostró también en contra, "porque esta directiva draconiana permite el internamiento de menores". Su correligionario Raül Romeva considera que "todo el planteamiento de la emigración está equivocado". "Habría que pensar primero en nuestras necesidades y regularizar las situaciones y no sólo en las expulsiones", dijo.

A media mañana, se celebró una concentración de protesta convocada por varias ONG a la que asistieron varios cientos de personas. Antonio Hernando, portavoz socialista de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, manifestó: "Nuestro interés es seguir trabajando para mejorar la directiva en el Consejo y en el Parlamento. Queremos un procedimiento común para todos los países, pero tiene que haber intervención judicial en el proceso porque nuestra legislación es garantista. También queremos una protección especial para los menores, porque nuestras leyes les protegen de manera especial".