Chaves ofrece a los constructores vender viviendas libres a precio tasado

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, agitó ayer el mercado inmobiliario andaluz con una nueva propuesta para paliar la crisis del sector. La Junta ha trasladado a los constructores y promotores con viviendas sin vender en la comunidad la posibilidad de reclasificarlas en viviendas de precio tasado, aquellas que sin ser de protección oficial (VPO) pueden acogerse a determinados tipos de ayudas y subvenciones así como a préstamos cualificados.

El consejero de la Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espada, matizó por la tarde la propuesta, que calificó de "una buena iniciativa a estudiar", y como "muy positiva desde el punto de vista de la sostenibilidad". También matizó que no se transformaría en VPO, como dijo Chaves por la mañana, sino en viviendas a precio tasado.

Espada indicó que entre 2005 y febrero de 2008 se han construido en Andalucía 373.000 viviendas de las que se han vendido 284.000, por lo que queda un stock de unas 90.000 viviendas sin vender, un 24%, porcentaje que según dijo es muy inferior al de otras comunidades como la Valencia o Madrid, que se sitúan por encima del 40%.

En este sentido, Espada traslado ayer al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, la posibilidad de realizar un estudio de ese parque de viviendas sin vender, para localizar su ubicación y cuantificar su tipología y su precio, así como sus costes.

Una vez realizado este recuento, la Junta estudiaría cuántas de ellas estarían en posibilidad de ser reclasificadas como viviendas a precio tasado, para hacerlas más atractivas al mercado. En cualquier caso, Espada negó que la Junta vaya a subvencionar la venta de esas viviendas, e indicó que de las 90.000 sería un número muy reducido el que se podría acoger a esta posibilidad de reclasificación, tanto por su tipología como por su precio, que estaría en una franja de entre 180.000 euros y 240.000 euros.

Esta medida anunciada ayer por Chaves, se une a la que el presidente andaluz realizó en el debate de investidura, también dirigida al sector inmobiliario, y que consiste en que la Junta está dispuesta a conveniar con propietarios de suelo clasificado ya como urbanizable la agilización de la construcción en esos terrenos a cambio de dedicar una parte de ese suelo a vivienda protegida.

En síntesis, la Junta sufragaría los costes de urbanización de todo el suelo, tanto la parte libre como la protegida. El promotor, a cambio, cederá a la Junta suelo para vivienda protegida por valor equivalente a la inversión realizada. Ese suelo pasará a ser de titularidad autonómica, pero las viviendas podrán ser desarrolladas por el mismo promotor, respetando que la repercusión del suelo en el precio de la vivienda protegida correspondiente sea como máximo el 15%, que es el límite legal.

El propietario del suelo obtiene el suelo transformado -es decir urbanizado- y dispuesto para poder construir vivienda libre sin coste alguno y, por otro lado, puede obtener el derecho a promocionar y construir el suelo destinado a vivienda protegida, mediante la financiación contenida en el Pacto por la Vivienda de Andalucía.