El juez no pidió a Defensa que quitase el arma al sargento asesino

Como ocurrió en el caso Mari Luz, otro despropósito administrativo facilitó el doble crimen de Alovera (Guadalajara). Los jueces -el caso ha pasado por cuatro de ellos- no requirieron en ningún momento al Ejército para que le retirara al sargento José Javier Lacasa el arma del crimen, una Smith&Wesson del calibre nueve milímetros parabellum que el suboficial compró de forma privada con su tarjeta militar, que funciona como una licencia de armas.

En la orden de alejamiento no figura que Lacasa fuera militar

La pistola no estaba inscrita en las bases de datos de la Guardia Civil

Esta pistola estaba registrada en la base de datos de armas del Ejército, pero no en la de la Guardia Civil. Ambas bases no están interconectadas. Además, en el Ejército no consta que ningún juez hubiese requerido que se le quitase la pistola, según informaron ayer fuentes militares, pese a que el abogado de la mujer pidió en febrero de 2007 al juzgado que oficiase a Defensa que se le prohibiese tener armas.

El sargento Lacasa asesinó el jueves a Sylvina Bassani, su ex mujer, y a la actual pareja de ésta, Andrés Marzal, antes de suicidarse. El arma la había adquirido con su tarjeta de suboficial del Ejército, que funciona como licencia de armas (tipo A) y permite a sus poseedores tener hasta tres pistolas. No se trataba, pues, de un arma reglamentaria, que pertenecen de forma oficial a Defensa, sino de una privada. El militar no tenía asignada una reglamentaria, al no estar destinado en un servicio de armas.

Para comprarla, tuvo que ir a una armería e identificarse como militar. El armero tuvo que comprobar con Defensa si Lacasa era, efectivamente, militar y no había excedido el cupo de tres armas. Como cumplía la normativa, el sargento pudo llevarse la pistola y su correspondiente guía de identificación. Ninguna de las fuentes ha podido precisar si la compró antes o después de la orden de alejamiento.

Sin embargo, la compra de esa pistola no quedó registrada en la Intervención de Armas de la Guardia Civil, porque, a pesar de que el instituto armado tiene carácter militar, su base de datos no está interconectada con la de Defensa. Ni las armas de los ejércitos ni las del Cuerpo Nacional de Policía figuran inscritas con su propietario en la Guardia Civil, según fuentes de este cuerpo.

La única arma que constaba inscrita a nombre de Lacasa en la Guardia Civil era una escopeta de balines, de aire comprimido, para la que sólo necesitaba una autorización menor. Cuando el juez de guardia de Torrejón de Ardoz dictó la orden de alejamiento, que con la nueva ley lleva aparejada la retirada de armas, la Guardia Civil comprobó sus bases y sólo halló la dichosa escopeta. Nada más. Pero en la orden de alejamiento tampoco figuraba que Lacasa fuera militar, por lo que ni policía ni Guardia Civil pudieron interesar en ningún momento a Defensa para quitarle la pistola.

No obstante, desde la primera denuncia contra Lacasa, en el puesto de la Guardia Civil de Daganzo de Arriba, presentada el 1 de septiembre de 2006, consta la condición de militar, tal y como figura en las diligencias judiciales. Agentes de este puesto incluso acudieron a la Brigada Paracaidista de Paracuellos del Jarama a informar de la detención del sargento. Pero en las averiguaciones, se comprobó que no tenía registradas armas privadas en el registro del instituto armado.

Es más, el abogado de Sylvina Bassani reclamó por escrito a la juez en febrero de 2007 que oficiase al Ministerio de Defensa para que se le impidiese el acceso a todo tipo de armas. No consta la contestación y fuentes del Ejército aseguran que no recibieron escrito judicial alguno al respecto. La juez también denegó un informe psiquiátrico del sargento -pedido por un intento de suicidio de Lacasa el día que lo detuvo la Guardia Civil-.

Con información de Miguel González y Mónica C. Belaza.