Contra la gestión privada de centros públicos

Todos los sindicatos convocantes del paro de docentes coinciden en una cosa: oponerse a la gestión privada de centros públicos. El documento presentado por Educación lo prevé. "La huelga es la respuesta a un proyecto que plantea la privatización de la gestión de los centros públicos de enseñanza y los relega a una condición subsidiria de la privada", asegura Xavier Massó, secretario de SPPEPC-SPS.

Educación ha reiterado el diálogo con los sindicatos, pero hasta ahora ha sido desoído. Las centrales sindicales dicen que sólo reconsiderarán la convocatoria si el consejero Ernest Maragall retira su documento sobre las bases de la ley. Los sindicatos no están de acuerdo o son reticentes a la autonomía de los centros, el poder reforzado de las direcciones y el perfil de los docentes ad hoc que podrían hacer los centros. Los paganos de esta huelga serán, si finalmente se lleva a cabo, los alumnos y sus familias. Hay más de un millón de alumnos en centros públicos y concertados desde infantil hasta el bachillerato y la Formación Profesional.

Pese a la huelga, los centros escolares deberán estar abiertos el día 14. Educación quiere unos servicios mínimos de al menos un miembro de la dirección en los centros de infantil, primaria y secundaria, y el director o un educador en los de la etapa infantil de cero a tres años,

En los concertados, la situación es distinta, ya que USOC, sindicato con fuerte peso entre el profesorado, no apoya el paro. "Estamos ante un borrador de bases previo a un borrador de articulado. Por tanto, no es el momento de romper conversaciones, sino de diálogo, aportaciones, esfuerzo", dice Francesc Portalés, de USOC.

Walter García / padre

"Los sindicatos anteponen sus intereses"

"Es una huelga inoportuna. Los alumnos y sus familias estamos decepcionados porque los agentes educativos no han estado a la altura", dice Walter García, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPAC). "Educación desaprovecha el Pacto por la Educación y no avanza hacia un servicio público educativo más equitativo y de calidad, y los sindicatos anteponen intereses laborales o corporativos a los necesarios avances en autonomía de centros y carrera profesional".

Pere Farriol / padre

"No nos adherimos a la huelga"

"Los motivos de los sindicatos para mostrar disconformidad con las bases de la ley son precipitados. Falta un debate intenso sobre la ley. Sólo se ha hecho un debate sobre las bases, sin un articulado que marque el techo de la ley", afirma Pere Farriol, presidente de la Federación de Asociaones de Padres de Alumnos de Enseñanza Secundaria (FAPAES). "Falta concreción sobre los posicionamientos de la ley con las entidades que apoyamos el pacto. Entendiendo el derecho a la huelga, no nos adherimos a la convocatoria".

Montserrat Ros / CC OO

"No admitimos cambios laborales sin negociar"

"No admitimos la gestión privada de centros públicos, ni que se estimule el negocio de las patronales, ni que se cambien las condiciones laborales y de organización de los centros sin negociación", señala la secretaria de Enseñanza de CC OO. "Las bases de la ley convierten el derecho a la educación en una mercancía y hacen propuestas contrarias al pacto firmado por la Generalitat, abandonando la meta de garantizar un servicio público educativo gratuito con equidad y calidad".

David Medina / UGT "Se alteran derechos de los trabajadores"

"La ley cambia en muchos aspectos los derechos de los trabajadores de la enseñanza y, por ello, es imprescindible negociarla con sus representantes, con los sindicatos", dice el portavoz de UGT. "UGT debe enfocar también las consecuencias sociales de la nueva ley. Sabemos a qué conduce en otros países que los centros se diferencien entre sí en función de los recursos de las familias que a ellos acuden; en el Reino Unido, por ejemplo. No queremos importar ese modelo".

Rosa Cañadell / USTEC

"Afecta a las condiciones del profesorado"

"Está en juego el futuro de la educación pública de Cataluña", dice la portavoz de USTEC. "No se proponen medidas para mejorar la educación, sino para privatizarla. Se abre la vía a que los centros públicos sean gestionados por empresas privadas, aumentan la oferta de los concertados y apuestan por un modelo de gestión autoritaria. Ello afecta a las condiciones laborales del profesorado y a una educación pública entendida como derecho y no como forma de beneficio privado".