Ninguna agencia oficial inmobiliaria ha cerrado

Los profesionales de la intermediación inmobiliaria están sorteando el frenazo del último medio año. En el País Vasco están colegiados cerca de 255 agentes (100 en Guipúzcoa, 105 en Vizcaya y 50 en Álava) y, según los datos aportados por los tres colegios, no se ha cerrado ninguna agencia oficial en este medio año. Sólo se ha producido una baja en Álava, pero por la jubilación del agente.

Otra cuestión es la de las pequeñas oficinas no colegiadas que han proliferado en la última década al albur del despegue del sector inmobiliario. Son "chiringuitos", como las definen los agentes profesionales, que se han constituido con un pequeño local y un móvil. "En Álava se han cerrado entre 40 y 45, pero casi todas ellas se montaron hace dos años", dice Jaime Rubias.

"Yo no sabría cuantificarlo", señala Genaro Kortajarena, el presidente de los agentes de propiedad inmobiliaria en Guipúzcoa. "Tengo la impresión de que menos, porque nuestro territorio se defiende mejor que Álava, donde se ha concentrado mucha vivienda de protección oficial".

Iñaki Egurrola tampoco tiene datos fidedignos de la incidencia en estos "chiringuitos". "A las agencias colegiadas no nos ha afectado por ahora y ninguna se ha cerrado". Algunos cálculos cifran en un centenar de negocios de este tipo clausurados en Vizcaya, la mayoría de ellos ubicados en Bilbao y en municipios de la Margen Izquierda, como Barakaldo, Portugalete y Sestao.

En toda España, según el consejo que aglutina a los 46 colegios territoriales de Agencias de la Propiedad Inmobiliaria, se han clausurado 40.000 oficinas que se dedicaban a la intermediación en las compraventas y alquileres. Dicho consejo calcula que, con ello, se habrá enviado al paro a más de 100.000 trabajadores, sin contar con las reducciones de plantilla o la conversión de contratos de jornada completa en parciales.

En Euskadi, el Gobierno prepara, en el proyecto de ley de Vivienda, un cambio en la normativa que suponga una regulación del sector: habrá un registro de las inmobiliarias, que tendrán que disponer de seguros de responsabilidad civil, acreditar conocimientos de mercado y una mínima estructura.