El fiscal mantiene la pena a los acusados de la Caja de Alcoi

El fiscal elevó ayer a definitivas las peticiones de penas a los procesados por la quiebra fraudulenta de la extinta Caja de Crédito de Alcoi. De esta forma, el ministerio público solicitó seis años de cárcel para cada uno de los cinco ex directivos de la entidad por un delito de insolvencia punible y una indemnización conjunta de 2,6 millones de euros para los cerca de 1.500 afectados por la bancarrota.

En la exposición de conclusiones en el juicio por la quiebra de la entidad, que se está desarrollando en la Audiencia de Alicante, la acusación particular retiró también la solicitud de delito societario, mantuvo el de insolvencia punible y limitó el de apropiación indebida a tres altos directivos y a un miembro del consejo rector de la caja. Para ellos reduce a la mitad la pena de dos años de prisión solicitada inicialmente y mantiene las multas de 24 meses a razón de 400 euros. Esta parte mantiene también la solicitud de 2,8 millones de euros en indemnizaciones por responsabilidad civil.

En el informe presentado ayer por el fiscal, éste señaló que los síndicos han dejado acreditado que la quiebra estuvo agravada por la manipulación de los imputados y sus "rocambolescas" relaciones societarias. El 42% del dinero que la Caja de Crédito de Alcoi concedió en forma de préstamos recayó en solo cinco grupos de familias y particulares, que llegaron a acumular cerca de un millón y medio de euros, 239,40 millones de pesetas de entonces.

Los peritos subrayaron que la acumulación de riesgo en estos cinco grupos fue una de las principales causas de la quiebra de la entidad. Además, la Sindicatura de Comptes explicó que hasta el momento ha podido recuperar 1,2 millones de euros de lo que se perdió. De esta cantidad, 885.000 euros corresponden a las principales deudas y el resto -401.000 euros- a los intereses generados hasta noviembre de 2007.

Las sesiones se retomarán el próximo martes con el informe del resto de las partes.