Medio centenar de gitanos protesta por el "racismo laboral" del BNG de Marín

Tras una pancarta en la que se podía leer "Protección parlamentaria ya, en contra del desprecio y la discriminación", medio centenar de vendedores ambulantes de etnia gitana ocuparon ayer el Ayuntamiento de Marín, custodiado por la Policía Local, para protestar por la suspensión de la licencia para ejercer esta actividad a la Cooperativa Rías Lachán Galicia. Un hecho del que culpan directamente al edil nacionalista Manuel Ruibal.

Bajo un gran estruendo de silbatos y panderetas, los miembros de la corporación entraron en el consistorio para celebrar un pleno a la 13 horas entre gritos de "¡Basta ya, queremos trabajar!" y "¡Esto es un abuso!". Los vendedores del mercadillo, tras permanecer media hora en las escaleras, accedieron a la sala en silencio y pertrechados con la pancarta. Sólo se dejaron notar para aplaudir las intervenciones de la portavoz del PP, a la que jalearon con un reiterado "¡Bravo!" en sus reproches al bipartito que preside el socialista Fran Veiga y que, por otro lado, nada tenían que ver con el asunto de la venta ambulante.

Apenas una hora más tarde, los manifestantes salían con el compromiso del regidor de recibir a una delegación el próximo lunes. Así lo confirmó el portavoz de los afectados y presidente de la Asociación del Pueblo Gitano en Galicia, Sinaí Giménez, que ha vuelto a ponerse al frente de este colectivo tras liderar las protestas por el desalojo de varias familias de O Vao. Giménez matizó que se trata de un caso de "racismo laboral que afecta a 30 familias" por el que están "dispuestos a continuar con las movilizaciones". No obstante, dijo, "vamos a esperar al lunes, a ver qué pasa".

El presidente de la cooperativa, Rubén Fernández, mostró la notificación municipal que ayer le fue entregada por la que queda revocada la licencia para ejercer la venta en el mercadillo marinense durante 2008. "Lo que quieren es que nos hagamos autónomos, pero nosotros no podemos pagar los 240 euros que eso supone", lamentó.

El concejal de Promoción Económica, el nacionalista Manuel Ruibal, afirma que la suspensión del permiso se debe a los sucesivos incumplimientos de la normativa municipal, con la presencia de personas no autorizadas en el puesto y de menores que ejercen la venta.