Denuncia por la campaña de Camps contra las desaladoras

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) pidió ayer a la Generalitat que retire la campaña de publicidad Claro como el agua, donde se ataca a las desaladoras para defender el trasvase del Ebro, porque no se adecua a las leyes sobre publicidad institucional. La campaña se está emitiendo, según explicó ayer el presidente de ACU, Alejandro Perales, en Canal 9 y Punt Dos. La asociación ha enviado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, un requerimiento por escrito para que la suspenda y ha comunicado su iniciativa a las Cortes Valencianas, a la Sindicatura de Comptes y a la de Greuges.

Según Perales, Claro como el agua responde a "una campaña de carácter político sobre un tema polémico, utilizando recursos públicos para promover la posición del partido que ocupa el Gobierno de la Comunidad". La asociación se reserva el derecho de iniciar la vía judicial si la Generalitat no la suspende.

Perales manifestó que la asociación está analizando la publicidad institucional de diversas administraciones, tanto estatales como autonómicas, "muy especialmente ahora que estamos en un momento clave de periodo preelectoral", para garantizar a los ciudadanos "una publicidad institucional conforme a la ley".

El presidente de la asociación aclaró que no entra a evaluar el contenido de la campaña. "No entramos en el problema del trasvase del Ebro, sino que analizamos que la Generalitat no puede hacer una campaña en base a un problema que genera una polémica social y política adoptando una de las posiciones y desde un ámbito institucional".

La ley de Publicidad Institucional establece en su artículo 2 que ésta debe cumplir la difusión de actividades de la administración y la mejora de su notoriedad; la protección de la seguridad de los ciudadanos, la sensibilización, fomento y compromiso con determinadas conductas para la convivencia y el bienestar social y determinadas causas y valores de la democracia, entre otros.

La norma prohíbe los mensajes de publicidad institucional que provoquen el descrédito, denigración, o menosprecio directo o indirecto de una persona física o jurídica, privada o pública. Sin embargo, según el presidente de ACU, "sin entrar en el fondo de un problema sobre el que la asociación no se pronuncia, parece clara la valoración negativa que en esta campaña se realiza de la actividad de las desaladoras".