Los retos de la ley y el pacto

La ley y el pacto de la Vivienda son dos de las iniciativas estrella del Gobierno catalán. La primera podrá ver la luz próximamente, tras dos años de negociaciones con los empresarios y la oposición. El acuerdo con los promotores inmobiliarios, sindicatos, cajas de ahorro y otros agentes sociales y económicos, en cambio, está ya firmado. Supondrá una inversión directa de 8.200 millones y otros 14.400 millones procedentes de los privados. Éstas son las principales medidas que contemplan ambos documentos.

- Viviendas vacías. Sacar al mercado 62.000 pisos desocupados a través de incentivos. El texto que se mandó al Consultivo preveía que en caso de no conseguirlo, se podía llegar al alquiler forzoso.

- Vivienda pública. La Generalitat y los empresarios se comprometen a construir 160.000 pisos sociales hasta 2016, el 40% de alquiler. Además, las Administraciones deberán movilizar suelo para otras 90.000 viviendas más y procurar ayudas para 140.000 viviendas. La ley preveía la obligación de construir el 20% de pisos sociales en suelo urbano consolidado; es decir, en la ciudad ya construida. Esta medida se retiró para que los empresarios firmaran el Pacto por la Vivienda.

- Rehabilitación. El pacto prevé la rehabilitación de 300.000 pisos y la instalación de 10.000 ascensores.

- Colectivos vulnerables. La ley prevé sanciones de hasta 900.000 euros para castigar el acoso inmobiliario. También se perseguirá la sobreocupación de pisos o los espacios sin cédula de habitabilidad para evitar fenómenos como las camas calientes.