Mujeres en defensa propia

El movimiento feminista conmemora su treinta aniversario en la Comunidad Valenciana. La Facultad de Filología, en Valencia, fue ayer la sede de más de 20 mesas de debate y talleres en los que se congregaron más de 400 mujeres. Los colectivos, en un número superior a 50, sometieron a debate la ley integral de violencia sobre la mujer, que cumple tres años, la legalización o no de la prostitución, las relaciones de pareja, la salud sexual, la penalización o despenalización del aborto, la pobreza femenina, la discriminación laboral que sufren las mujeres, la inmigración femenina, las políticas educativas en igualdad.

La fiscal delegada de violencia doméstica de Valencia Rosa Guiralt aprovechó su intervención para solicitar mayor compromiso, mayor sensibilidad y mayores recursos para que la aplicación de la Ley de Violencia sobre la mujer se aplique en su totalidad. Según explicó, "en este momento, hay muchas situaciones a las que no podemos dar respuesta por falta de recursos".

La fiscal hizo especial mención a la inoperancia de las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad y expresó su rechazo a que se modifique la imposición de la orden de protección. Asimismo, abogó por que si la víctima la rechaza, se la obligue a estar protegida.

Pilar Gil, de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de Valencia, explicó la doble victimización que padecen las mujeres. "Llegan a explicar hasta seis veces su calvario. Tenemos que hacer un esfuerzo de sensibilización para que eso no ocurra", aseveró. Además, al igual que la delegada de Amnistía Internacional en Valencia, Carmen Soto, reclamó ayudas para la mujer inmigrante sin papeles, que no puede optar a ninguna ayuda laboral después de haber denunciado porque no tiene permiso de trabajo.

Uno de los debates más intensos fue el protagonizado por Juana María Santana, de Médicos del Mundo, que rechazó sin paliativos la regularización de la prostitución porque entiende que es una legalización de una práctica de sometimiento de la mujer que encierra además riesgos para la salud y dista del concepto de trabajo digno