El Gobierno central le recuerda a la Comunidad sus obligaciones con la Ley de Dependencia

La Ley de Dependencia se ha convertido en un arma arrojadiza entre el Gobierno de la Comunidad y el Ejecutivo central. En una situación de total bloqueo de esta ley en Madrid, la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Gádor Ongil, y la secretaria de Estado de la misma área, Amparo Valcarce, se reunieron ayer para abordar el problema. Mientras, 200.000 madrileños dependientes (23.000 de grado tres, el máximo) esperan a que se aplique la Ley de Dependencia, aprobada el pasado diciembre.

La reunión celebrada ayer fue solicitada por Ongil "para urgir el desarrollo del reglamento de la normativa" y los 23 millones de euros que Madrid recibirá del Estado para aplicar la Ley de Dependencia. La secretaria de Estado recordó a Ongil los deberes que debe hacer el Gobierno regional para cobrar esos 23 millones reservados para el colectivo de dependientes de la región en este ejercicio. La Comunidad, que como el resto de las regiones tiene transferidas las competencias en este ámbito, destina 730 millones para cubrir esta atención. Ongil se quejó después del "tono" de Valcarce, que, dijo, le hizo "críticas sin fundamento".

Según fuentes de su departamento, Valcarce le recordó a Ongil que tiene que comunicar al ministerio "los datos sobre las personas cuyo grado de dependencia ya ha sido valorado por la Comunidad". A finales de septiembre, el Gobierno regional aseguraba que, de las 9.000 solicitudes recibidas, se habían evaluado 3.600, ya que sólo hay 64 expertos dedicados a ello. Valcarce también le recordó a la consejera que tiene que presentar "un informe con los servicios y prestaciones que ya ha facilitado la Comunidad". Y, por último, debe enviar "los proyectos para la financiación de la atención de las personas dependientes que se encuentran dentro del nivel más alto, a las que atenderá la ley en primer lugar", explicaron fuentes de su secretaría.

Por su parte, Ongil explicó que la secretaria de Estado tiene "un importante desconocimiento de cómo se financian los servicios públicos en la región", y dijo haber reprochado a Valcarce la insuficiencia de los 23 millones destinados a Madrid. "En la transmisión de los datos estamos cumpliendo, atendiendo y valorando a todo aquel que nos lo ha solicitado", recalcó.

Las discusiones entre ambas administraciones afectan también a quién debía desarrollar el famoso reglamento -la aplicación de la ley estatal específica para la región-, un tapón dialéctico que mantiene a miles de familias madrileñas en vilo, a la espera de una evaluación que determine su grado de dependencia y la ayuda.