Una abogada de Bilbao se enfrenta a ocho años de cárcel por estafar a 127 inmigrantes

Una abogada de Bilbao se enfrenta en el juicio que comenzará el próximo lunes en la Audiencia de Vizcaya a ocho años de prisión por una supuesta estafa continuada a 127 inmigrantes a los que prometió regularizar en Navarra. Además de esa condena, la fiscal solicita una multa de 7.500 euros. La acusación particular eleva su petición a 12 años de cárcel y 36.000 euros de multa.

El caso se remonta a 2004, cuando la asociación SOS Racismo de Navarra recibió más de 40 denuncias de inmigrantes que aseguraban haber sido estafados por la letrada Pilar Jiménez Gayubo. La abogada prometía "arreglarles los papeles" para que dejaran de estar en situación irregular, pese a que la legislación vigente lo impedía entonces. El proceso de regularización al que acogerse no se abrió hasta dos años después, en 2006.

La demanda se fue ampliando y ha alcanzado a 127 inmigrantes que residían en la comunidad foral. Jiménez cobró a cada uno de ellos cerca de 600 euros por sus supuestas gestiones. La acusación particular reclama además la inhabilitación para el ejercicio de su profesión de abogada durante 15 años, el pago de los gastos a los perjudicados -lo que también solicita el fiscal- y una indemnización de 1.000 euros por persona en concepto de de daño moral.

Durante dos semanas

El juicio se desarrollará durante dos semanas. SOS Racismo aseguró que todavía se desconoce el número de afectados, que "posiblemente serán muchos más". Esta ONG censuró que haya personas que "se aprovechan de la mala situación y la vulnerabilidad" de los inmigrantes para lucrarse y exigió un cambio radical en la ley de Extranjería.

Este caso se une a otro similar ocurrido en Bilbao, esta vez ya durante el proceso de regularización de 2006, cuando fueron supuestamente estafados 60 inmigrantes. En esta causa existen dos acusaciones concretas: contra una asesora que recibió 7.550 euros de nueve inmigrantes, que se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de prisión, y, por otra parte, contra una abogada y un empresario que presuntamente estafaron a 39 extranjeros, para quienes reclaman seis años. Las peticiones han partido de la Fiscalía del Tribunal Superior y coinciden con las de la acusación particular, representada por la asociación Harresiak Apurtuz.

Este colectivo, que agrupa a las principales organizaciones de Euskadi de apoyo a inmigrantes, denunció hace año y medio este caso. Los 60 inmigrantes pagaron una media de 1.000 euros a empresarios e intermediarios que les aseguraban un contrato de trabajo con el que regularizarían su situación en España. En cambio, formalizaban contratos para empresas sin medios materiales ni recursos o que se constituyeron poco antes antes del inicio de la regularización.