"Démonos prisa..."

La implantación de redes Wi-Fi por parte de ayuntamientos ha dado más de un disgusto legal, especialmente si eran gratuitas. También es verdad que eso sucedió con las primeras iniciativas, cuando se desconocía la ley. Actualmente el alcalde de Sant Bartomeu, Miquel Colomer, está "muy tranquilo" sobre si es legal o no compartir conexiones ADSL a través de las redes Wi-Fi. Según Colomer, su iniciativa de compartir antenas es "socializar la conexión a Internet".

Y asegura: "En realidad, estamos haciendo de comerciales a Telefónica, creando demanda de servicios de Internet. La gente no contrata algo si antes no sabe de qué va".

Los emprendedores del Wi-Fi social se inspiran en el espíritu de la ley, y así afirman que las redes Wi-Fi hacen autoprestación (un amigo da a otro), figura tolerada por la Ley de Telecomunicaciones. Asímismo, se destaca el vacío legal ante la cada vez mayor complejidad de estas redes, ya que las leyes más modernas son de 1995, el Paleolítico en telecomunicaciones. En su defecto, el órgano regulador es la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, que sólo actúa si se le pregunta.

Así, la consigna es no preguntar y seguir adelante: "Si para desarrollar negocios necesitamos el Wi-Fi, y si resulta que es ilegal, ya vendrán; mientras tanto hagamos algo porque, si no, no iremos nunca para adelante", afirma un representante del Consell Comarcal del Anoia. "Démonos prisa en construir redes; si cuando hagan la próxima legislación se demuestra su labor social y que no hacen la competencia a los ISP, regularán a su favor", añade un representante de Localret, consorcio que reúne a la mayoría de ayuntamientos catalanes.