Los expropiados por la construcción del aeropuerto de Lleida piden más dinero

Alrededor de 50 personas se concentraron ayer en los terrenos en los que ya se han iniciado las obras de construcción del futuro aeropuerto de Lleida-Alguaire (Segrià) para reclamar a la Generalitat el pago de un precio superior por las fincas expropiadas. Los manifestantes paralizaron durante casi una hora los trabajos y ocuparon la zona con una docena de tractores y pancartas alusivas al conflicto.

Con esta movilización los afectados de Alguaire han querido expresar su descontento por el trato recibido del Gobierno catalán, que, según ellos, ha incumplido los plazos previstos en el expediente de expropiación forzosa iniciado hace dos años ante la falta de acuerdo entre las partes y no ha pagado las cantidades ofrecidas por los terrenos, que es de dos euros por metro cuadrado. La superficie expropiada para la construcción de la infraestructura aeronáutica es de 360 hectáreas.

Agravio con Tàrrega

Los agricultores expropiados denuncian que son víctimas de un agravio comparativo, ya que la Generalitat sólo les pagará dos euros por metro cuadrado, mientras que los propietarios de los terrenos en los que se construirá la nueva prisión de Tàrrega (Urgell) percibirán 5,7 euros, casi el triple, un hecho que el portavoz de los afectados, Carles Roma, calificó ayer de "insulto a la inteligencia".

En ambos casos, los terrenos son rústicos, pero con la particularidad de que los de Alguaire están más próximos al núcleo urbano y, además, están incluidos en el Plan Nacional de Regadíos. "Lo que reclamamos a la Administración", añadió Roma, "es el pago inmediato del importe que nos ha ofrecido y compensaciones para todos aquellos que perderán la totalidad de la finca y que, en consecuencia, verán mermada su renta".

El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, responsable del proyecto de construcción del aeropuerto, rechaza las críticas de los expropiados. Un portavoz de este organismo dijo ayer que los afectados no dicen la verdad cuando afirman que no han recibido ninguna cantidad de dinero por la expropiación de sus fincas. De acuerdo con esta versión, en junio de 2006 la Generalitat acordó ocupar los terrenos y pagar la mitad del precio fijado de dos euros por metro cuadrado. En este momento, los expedientes están en el jurado de expropiaciones, que deberá determinar el precio final de los terrenos.