Dos imputaciones y un archivo

Francisco Tarazona, alcalde de Riba-roja, ha logrado sacar adelante el PAI tras sortear la causa judicial en la que fue imputado. En abril de 2005 se anunció la operación urbanística con el ValenciaCF tras unas conversaciones en las que el alcalde fue uno de los interlocutores directos del presidente Soler. Al poco tiempo trascendía que parcelas propiedad de los Tarazona estaban próximas al PAI de Porxinos. La oposición en Riba-roja apeló a la existencia de intereses familiares para evitar que el alcalde y otros dos concejales, sobrinos suyos, apoyasen en el pleno el proyecto. No fue posible y el PAI, que recibió cientos de alegaciones, se aprobó de forma provisional con el informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Fue en junio de 2005.

La oposición socialista se querelló contra el alcalde y parte de su familia por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude e información privilegiada. El PSPV argumentó en su denuncia que "alrededor de la gestión urbanística municipal se ha tramado una red de inmobiliarias y empresas dedicadas directa e indirectamente al urbanismo y a la compraventa de inmuebles que tiene su centro en el alcalde y se ramifica a los familiares más directos de éste".

Tarazona ganó la batalla legal cuando en abril de este año el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Llíria archivó la querella.

No ha sido la única causa judicial en la que se ha visto inmerso. Tarazona fue imputado hace unos meses por un supuesto delito de cohecho tras la confesión de un constructor, que le acusó de pedirle 7,8 millones de euros en concepto de "donación" al ayuntamiento como paso previo a aprobarle un PAI.

Imputado por partida doble, Tarazona se decidió poco antes de elecciones a enviar 20.000 cartas a los vecinos rechazando las acusaciones.