El alcalde de Alhaurín dice que su acusación es un invento policial

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, del PP, cuestionó ayer la investigación sobre la trama de corrupción en el municipio y calificó de "invento" el contenido del informe policial que sostiene que él y su edil de Urbanismo cobraban cantidades extras a promotores a cambio de permitirles incrementos de edificabilidad. "Es un informe hecho a la desesperada con el que se quiere acusarnos por todos los medios de algo que no hemos hecho", dijo el alcalde.

El regidor dice que el listado confiscado recogía "donaciones" para obras y eventos

"La policía se ha inventado lo del cobro de comisiones", sostuvo Martín Serón, quien insiste en que la investigación del caso Troya obedece a una "persecución y a un ensañamiento personal por el único delito de haber presentado una moción de censura absolutamente legítima contra el PSOE". Martín Serón accedió a la alcaldía en 2000, cuando era concejal de un partido independiente, mediante una moción de censura con el PP, al que más tarde se afilió, y que desbancó al socialista Miguel de la Rosa.

Martín Serón sostiene que el promotor que denunció haber sido extorsionado por el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, que le solicitó 122.600 euros por permitirle construir 14 viviendas en un solar donde la normativa municipal permitía un máximo de cinco, urdió su denuncia en reuniones con un íntimo amigo suyo que es funcionario de la Udyco (Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales) de la Policía y "representantes" del PSOE local.

Martín Serón y el edil de Urbanismo están imputados por presuntos delitos de prevaricación y cohecho por cobrar a promotores del municipio a cambio de permitirles aumentar la edificabilidad. El informe policial que consta en el sumario señala que ambos tejieron una red de corrupción "generalizada" y "prolongada en el tiempo", en la que llegaron a fijar lo que la policía llama una "tasa de soborno" de 80 euros por cada metro cuadrado y 6.000 por cada vivienda autorizadas de más. En los archivos intervenidos en el registro del despacho del concejal de Urbanismo aparece un documento con un listado de obras y promotores y el dinero que debía abonar cada uno de ellos al margen de las tarifas oficiales de las licencias: en total, más de 700.000 euros.

El alcalde reconoció la existencia del listado, pero niega que se tratara de comisiones, y asegura que eran "donaciones" que aportaban los promotores para "actuaciones de interés general para el beneficio del pueblo", como financiar obras municipales, patrocinar eventos o colaborar en las tareas de mantenimiento de las calles.

"Ninguna ilegalidad"

Además, Martín Serón insiste en que todas las obras autorizadas son legales y en ningún caso contravenían la normativa urbanística municipal. Sí admite que se les aplicaba unos índices de edificabilidad como manzana cerrada perteneciente a suelo urbano consolidado y no los fijados en los estudios de detalle primitivos para la urbanización en la que se ubican, "que suelen ser más restrictivos", pero sin que ello suponga "en absoluto ninguna ilegalidad". El alcalde aseguró ayer que está recabando informes de "urbanistas de prestigio para que avalen que esta interpretación de la normativa urbanística es legal".

El presidente del PP de Málaga, Joaquín Ramírez, más prudente, dijo que el informe policial contiene "inexactitudes" y apostó por la inocencia de Martín Serón "porque aquí no ha habido cobro de comisiones ni enriquecimiento personal, sino el pago de donaciones para obras de carácter e interés común". Ramírez dijo que el PP tiene un "comportamiento irreprochable" con los casos de corrupción en sus filas, pero que en este caso "no vemos que la haya".