Los socialistas recomiendan guardar las facturas por los servicios prestados

La existencia de un doble sistema de baremación del grado de dependencia, los distintos plazos para las baremaciones y el "relevante atasco administrativo" que se produce en las listas de espera para residencias, centros de día u otros servicios llevó a Isabel Celaá a recomendar a los usuarios que guarden las facturas por los servicios prestados.

Dado que el sistema configurado por la Ley de Dependencia es de garantía de derechos, la parlamentaria socialista aconsejó a todas las personas afectadas que se encuentren dentro de la fase de aplicación de la Ley (en 2007 le toca el turno a los grandes discapacitados) que conserven los recibos pagados a partir del día siguiente a la solicitud de reconocimiento. "Después las podrán repercutir a la administración competente", aclaró.

Celaá intentó visualizar el trabajo que el Estado ha realizado hasta ahora en favor del desarrollo de la Ley de Dependencia en Euskadi. Así, recordó que el Gobierno central asignó al País Vasco durante el año 2006 un total de 8,7 millones de euros para inversiones. De este dinero, 1,1 millones se destinaron a la construcción del centro residencial para personas con discapacidad de Basauri; 800.000 euros para construcción y equipamiento del centro de día de Santutxu y 444.000 para el centro de día de Abanto. "Hasta ahora, ni siquiera se ha hecho mención a la importante contribución del Estado a estos centros", se quejó.

De la misma forma, mostró su preocupación por el hecho de que la financiación procedente del Estado pueda utilizarse para "incrementar el superávit" de las haciendas forales, en lugar de invertirla en el sistema vasco "al que le queda mucho, todavía, por hacer en términos de calidad".

Como colofón, aseguró que su partido no está en condiciones de afirmar que todos los ciudadanos que sufren una gran dependencia estén siendo ya atendidos, tal y como estipula la Ley y ello "a pesar de la cobertura suficiente de servicios de los que disponemos". El PSE presentará tanto en el Parlamento como en las juntas generales de los tres territorios iniciativas a partir del próximo mes de septiembre (cuando se reabre el nuevo periodo de sesiones) para mejorar la aplicación de la Ley de Dependencia