Una nueva ley da más transparencia y control a la obra pública

El Parlament aprobó ayer la Ley de Obra Pública, una norma que pretende mejorar la calidad y seguridad de los proyectos y la ejecución de las inversiones que realiza la Administración catalana. El texto da respuesta a dos resoluciones presentadas en la legislatura pasada después del hundimiento del túnel del Carmel, en la línea 5 del metro, en 2005.

En la votación final, todos los grupos parlamentarios -gobierno y oposición- apoyaron el conjunto del proyecto de ley que pretende conseguir el cumplimiento de los términos previstos y la transparencia e información pública de las obras que sean competencia de la Generalitat.

El consejero de Política Territorial y Obras Públicas, el socialista Joaquim Nadal, destacó la voluntad de fijar condiciones en los trámites de información pública, los sistemas de contratación y seguimiento de las obras más complejas. En este sentido, Nadal destacó que la ley prevé la creación del Consejo Asesor de Túneles para regular tanto los mecanismos administrativos de los trámites previos como el control de la ejecución de la obra.

Por su parte, el diputado de Convergència i Unió, Josep Rull, alabó el trabajo de Nadal y explicó que la ley ha sabido encontrar el equilibrio entre garantizar la seguridad y mantener la fluidez de los trámites administrativos.

Como novedad, la ley prevé la participación de las personas y entidades afectadas por una obra en todo el proceso de planificación y programación de las inversiones. La Administración también deberá tener en cuenta la sostenibilidad y protección del medio ambiente, con especial consideración a los efectos de la obra sobre el entorno.

La Cámara Oficial de Contratistas de Obras Públicas de Cataluña aplaudió ayer la aprobación de la ley y valoró su articulado, aunque con algunos matices. Por ejemplo, criticó que el Gobierno decidiera sacar adelante la norma como consecuencia de un accidente, el hundimiento del túnel del Carmel. También censuró la regulación que hace la ley de las uniones temporales de empresas y de la subcontratación.