Un juez anula la venta de suelo municipal del Ayuntamiento de La Vila para pagar el auditorio

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Alicante ha declarado nulo el acuerdo plenario del Ayuntamiento de La Vila Joiosa de 18 de mayo de 2006 por el que se enajenaba suelo de patrimonio municipal para pagar los sobrecostes del nuevo auditorio. La sentencia, con fecha 28 de mayo de 2007, da la razón a la edil socialista Fanny Serrano, que defendía que el destino finalista del 10% de aprovechamiento de dos planes parciales debía destinarse a construir viviendas sociales.

El PP aprobó en aquel pleno el pliego de cláusulas administrativas para la subasta para enajenar las unidades de aprovechamiento urbanístico de titularidad municipal de los sectores terciarios e industriales de los planes parciales 32 y 33. También aprobó la modificación presupuestaria para destinar 9,52 millones para los sobrecostes del auditorio y 2,49 millones para equipamiento escénico, cantidades obtenidas con la operación anterior.

El Consistorio alegó que con la venta se "ampliaba el patrimonio municipal" y se creaba una "fuente segura de ingresos" entre otros motivos. El juez cita numerosa jurisprudencia sobre la venta de patrimonio municipal del suelo para concluir en que el acto es nulo. La edil Fanny Serrano explica que el PSPV no está en contra de la construcción del auditorio, sino de la "nefasta gestión realizada por el Gobierno de José Miguel Llorca". Serrano recordó que la enajenación del aprovechamiento de estos sectores se realizó incluso antes de la reparcelación, por lo que la valoración se hizo a la baja, "perdiendo dinero de todos los vileros para paliar el sobrecoste de unas obras mal presupuestadas". La sentencia, que es recurrible al Tribunal Superior de Justicia, estima que la LUV considera patrimonio público del suelo "no sólo los inmuebles en sí mismo considerados sino también ingresos obtenidos por su enajenación".

El Ayuntamiento de La Vila obtuvo el año pasado más de 22 millones de euros por la vía de la enajenación de patrimonio municipal del suelo, algo ilegal según el PSPV.