Los actos racistas y violentos pueden suponer el descenso, según la nueva ley

Jaime Lissavetzky, el secretario de Estado para el Deporte, salió ayer del Congreso de los Diputados con una nueva ley bajo el brazo. Una norma que desde que accediera al cargo convirtió en un empeño personal. Tras interminables debates, enmiendas y negociaciones, la ley contra el Racismo, la Violencia, la Intolerancia y la Xenofobia en el Deporte recibió ayer el impulso definitivo del Parlamento. Lo hizo, además, con una amplia mayoría de la cámara: 266 votos a favor, siete en contra y 16 abstenciones.

"La ley era necesaria y es una mejora importante", explicó Lissavetzky; "con ella nos ponemos a la vanguardia de la lucha frente a aspectos ante los que no cabe la indiferencia, la permisividad ni la tolerancia", abundó.

El texto, que entra en vigor la próxima temporada, endurece las sanciones y amplía la prevención. Incluso recoge la posibilidad de que los clubes pierdan la categoría en los casos más graves. También contempla la pérdida de puntos y la clausura de los estadios, así como multas de 150 a 650.000 euros, en función de la gravedad de los hechos.

La norma, además, quiere ejercer un mayor control sobre las hinchadas, incluyendo como novedad medidas destinadas a evitar la colaboración de los equipos con los grupos ultra.