"Si las armas estuvieran permitidas en el campus, esto no habría ocurrido"

Se siente apenado, pero en absoluto responsable de lo ocurrido. De hecho, las 32 vidas cosidas a balazos en la Universidad Politécnica de Virginia el pasado lunes no hacen sino reforzar su creencia: que todo el mundo debería de estar armado. "Si las armas estuvieran permitidas en el campus, esto no habría ocurrido. Quizá hubieran muerto una o dos personas, pero antes de que cayera la tercera, el asesino habría sido abatido por alguien con un arma".

Despejada la incógnita sobre la identidad del mayor asesino en masa en un tiroteo en la historia académica de Estados Unidos, los interrogantes se pusieron sobre quién había vendido las mortíferas armas. Siguiendo este razonamiento, puede que John Markell fuera ayer el hombre más buscado de la zona. Y no tuvo ningún problema en ser encontrado. Todo lo contrario. Ufano, Markell posó para las cámaras. A las puertas de su negocio -impidió cualquier filmación dentro del establecimiento, entre otras cosas porque comparte local con un prestamista de dinero a quienes los clientes se le escapaban por minutos ante la incómoda y acusadora presencia de las cámaras-, Markell declaraba: "No matan las armas, sino las personas".

Cho pagó el 13 de marzo 571 dólares por una Glock 19 y después compró la Walther P22

Cincuenta y ocho años y una irrefrenable pasión por las pistolas -lleva una al cinto- y la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que reconoce el derecho del pueblo a poseer y portar armas. El propietario de Roanoke Firearms, a unos 50 kilómetros del campus, supo el lunes que su negocio había vendido la Glock 19 a Cho Seung-hui. "Fue una venta corriente a un chaval corriente", dice Markell.

Cho presentó su carné de conducir, una chequera que verificaba su identidad y su dirección y su tarjeta de residencia en EE UU. Una llamada al ordenador de la policía estatal es el último paso para asegurarse de que el futuro comprador no posee un expediente criminal ni psicológico. Cho no los tenía, ambos estaban limpios. En febrero, compró la Walther P22, y el 13 de marzo, un mes después, el lapso de tiempo exigido por el Estado de Virginia, pagó 571 dólares por la Glock y 50 balas de munición 9 milímetros (conocidas como full metal jacket, porque no se expanden al entrar en contacto con el cuerpo y son las ideales para disparar sobre un objetivo concreto), impuestos y cargo por llamar a la policía incluidos. "Éste es un país de armas", explica el dependiente que puede que le vendiera el arma a Cho. Dentro del establecimiento, nadie quiere identificarse. Pero todos están orgullosos del trabajo que realizan: "Armar al pueblo", según su definición y ajustándose a la ambigua Segunda Enmienda. "Mire, señora", explica con paciencia el dependiente, un tipo enorme, perilla perfectamente afeitada, sentado con las piernas bien abiertas, "si no fuera por mi derecho a armarme, yo hoy hablaría con acento británico y usted en alemán".

La referencia a varias guerras en distintos siglos es banal comparada con la siguiente tesis. "Los europeos son incapaces de entender qué pasa en este país. Es como si yo le intentara explicar a usted cómo se tiene un hijo". "¿No puedo, verdad?", pregunta. "Pues dejen de intentar averiguar cómo pensamos aquí".