En el banquillo

La Comisión Europea se ha decidido por fin a llevar a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a cuenta de las famosas condiciones impuestas a E.ON por el Gobierno español para autorizar la OPA sobre Endesa. Breve recordatorio: la Comisión Nacional de la Energía impuso unas condiciones a E.ON similares a las que previamente había considerado oportuno imponer a Gas Natural, con el fin de limitar el poder de mercado en generación que suponía la compra por parte de E.ON de la primera eléctrica española; después, el Gobierno, en una maniobra demasiado ingenua para ser efectiva, rebajó las condiciones, suponiendo quizá que la empresa alemana y las autoridades europeas apreciarían el gesto.

Los términos del conflicto están bastante claros. La Comisión entendió en un primer dictamen -septiembre de 2006- que algunas de las condiciones redactadas por el Ministerio español de Industria son incompatibles con la legislación comunitaria; el Gobierno español considera que está obligado a garantizar ciertas condiciones de competencia en el mercado eléctrico y el suministro de energía a los ciudadanos españoles. Es probable que el pulso legal se disuelva si la guerra por Endesa concluye antes de que decida el tribunal comunitario.

Muchas razones para el desacuerdo no existirían si las autoridades europeas se hubiesen preocupado por desarrollar una política energética común, con un regulador único para todos los países del área y una garantía europea de suministro. Mientras tales instrumentos no existan será difícil encajar sin daño el principio general de la libertad de capitales con productos y servicios que tienen fronteras, redes nacionales y competencias exclusivas depositadas en los gobiernos.