La Fiscalía decide hoy si prorroga la investigación de la Hacienda de Irún

El fiscal jefe de San Sebastián, Jaime Goyena, decidirá hoy, tras reunirse con responsables de la Ertzaintza y del Cuerpo Nacional de Policía que intervienen en el caso, si solicita la prorroga del plazo legal de seis meses del que ha dispuesto para investigar las presuntas irregularidades denunciadas en la oficina de la Hacienda foral de Irún. Las pesquisas están muy avanzadas, por lo que, si se prolonga la investigación, no será por mucho tiempo.

En medios judiciales se considera que, casi con toda seguridad, Jaime Goyena decidirá solicitar la prórroga del plazo a la Fiscalía General del Estado, a la espera de recibir próximamente alguna documentación pendiente solicitada a determinadas entidades bancarias. Al parecer, la prolongación de las diligencias previas no sería muy prolongada, ya que la indagación se encuentra en su fase final.

La Fiscalía de San Sebastián practica estas diligencias previas

desde el pasado mes de septiembre, a raíz de la denuncia que realizó la propia Diputación que dirige Joxe Joan González de Txabarri, tras una investigación interna. Agentes de los dos cuerpos policiales citados y funcionarios de la Hacienda foral asignados exclusivamente a este cometido han analizado estos meses centenares de expedientes de contribuyentes asignados a la oficina foral de Irún.

Según ha trascendido, al menos hay un centenar de expedientes tributarios correspondientes a 2003 en los que se han detectado irregularidades, tal y como ha reconocido el propio diputado foral para la Fiscalidad y las Finanzas, Juan José Mujika, en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Las diligencias habrían confirmado que al menos un millón de euros supuestamente abonados por contribuyentes no llegaron a las arcas forales en la delegación de la Hacienda de Irún, que, en aquellas fechas dirigía José María Bravo. Este es hermano de Víctor Bravo, que fue hasta 2003 director de Hacienda foral y ahora es senador del PNV.

La Fiscalía dispone, al parecer, de elementos firmes para interponer una denuncia ante el juzgado de Irún, lo cual dará lugar a la incoación de un procedimiento penal para depurar responsabilidades. Medios judiciales aseguran que en cuanto el fiscal curse la denuncia en el juzgado se iniciará la práctica de pruebas, con la toma de declaración al ex responsable de la oficina de Hacienda de Irún y a los contribuyentes en cuyos expedientes se han descubierto irregularidades.

Las Juntas de Guipúzcoa aprobaron el 22 de febrero por unanimidad constituir una comisión de investigación que analice las irregularidades descubiertas y determine las responsabilidades políticas. Esta comisión sólo podrá ponerse en marcha en el momento en que el fiscal remita las diligencias al juzgado, por lo que la posible prórroga del plazo podría impedir su constitución en lo que queda de legislatura. No obstante, todos los grupos representados adoptaron el "compromiso político" de retomar la comisión de investigación en el próximo mandato.