El Síndic denuncia aumentos del 10% sin motivos en las facturas del Incasol

El Parlament conoció ayer varios informes de la Sindicatura de Cuentas sobre las empresas públicas GISA (Gestión de Infraestructuras, SA), ACA (Agencia Catalana del Agua) e Incasol (Instituto Catalán del Suelo). Todos los informes eran sobre ejercicios en los que gobernaba CiU y en todos había elementos críticos sobre contratación y liquidación de obras. El del Incasol recoge un incremento medio de los contratos del 10% y añade: "La justificación que se da no queda suficientemente acreditada".

La comisión en la que el síndic, Enric Genescà, hizo la exposición fue, en términos generales, plácida. Los defectos detectados por los informes de la sindicatura eran, muchos de ellos, conocidos ya que se referían a los ejercicios que van de 2001 a 2003, todos ellos con Convergència i Unió (CiU) en el Gobierno. El del Incasol era el menos problemático y, sin embargo, fue el que acabó originando las chispas que, con todo, no derivaron en incendio.

La alusión al famoso 3% que supuestamente se pagaba de comisión por las obras públicas apareció de rondón. El diputado Jordi Terrades (PSC) se refería a la escasa afición a la vivienda protegida del Gobierno de Jordi Pujol. Citó incluso unas palabras del ex presidente en un pleno, en 2002, en el que dijo que en Cataluña no se construía vivienda protegida porque los catalanes no la solicitaban. Y dio las cifras: entre el 3% y el 4%. Jordi Turull (CiU) se sintió aludido y replicó a Terrades que quien de verdad se pirra por el 3% es el PSC, al que acusó, además, de haberse hecho con una vivienda del Incasol en el centro de Barcelona en condiciones muy favorables.

Al poco fue el diputado Alfons Quera (ERC) quien retomó el trapo para reclamar "transparencia en la financiación de partidos" y defender la creación de "la oficina antifraude".

Salvo este rifirrafe a varias bandas, la sesión se consumió con casi total tranquilidad. CiU expresaba su satisfacción por los informes y los otros partidos resaltaban las deficiencias anotadas por la sindicatura: desviaciones presupuestarias, falta de publicidad en los contratos, presupuestos duplicados o incumplidos, endeudamiento galopante, adjudicaciones directas discutibles, retrasos en las obras sin que se exijan compensaciones y modificaciones en exceso.

Al final, el diputado José Domingo (Grupo Mixto) trató de recuperar el tono crítico en el informe sobre GISA insistiendo en las irregularidades en la contratación. Turull le replicó con contundencia: "Lo que le pasa a usted está muy claro: no se ha leído el informe". Sorprendentemente, Domingo no replicó.