El Supremo rechaza el intento del PP de privatizar la televisión valenciana

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado en 2005 por la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) contra varias sentencias que anulaban los concursos para adjudicar a empresas privadas parte de la gestión del canal público autonómico. Esta resolución pone fin a la pretensión del Gobierno valenciano, en manos del PP, de "acometer una privatización encubierta y progresiva" del canal autonómico, valoró ayer la coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Glòria Marcos, tras hacer público el fallo.

La decisión del Supremo se apoya en que RTVV es un simple gestor del servicio público de televisión, pero no puede considerarse como una administración que tenga confiada la interpretación y defensa de los intereses generales. Además, el tribunal considera que no existe motivo que justifique una casación en interés de ley -como argumentó RTVV en su recurso- porque el ente se limitó a invocar "la idea genérica y no demostrada de que la gestión privatizada de un servicio supone una mejoría del mismo respecto a la gestión directa pública", explicaron los abogados de EUPV.

El entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, fue el impulsor de la privatización parcial del canal. De hecho, el consejo de administración del ente público acordó en marzo de 2003 ceder algunas de sus competencias -la edición de los informativos, el suministro de los contenidos audiovisuales y la venta de espacios publicitarios de Canal 9- a la iniciativa privada por periodos de cinco años renovables.

Junto a otros partidos políticos y organizaciones sindicales, EUPV recurrió esta decisión. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, primero, y luego el Tribunal Superior de Justicia valenciano fallaron a favor de los demandantes y decretaron la paralización cautelar de los concursos y su nulidad. También invalidó el acuerdo del consejo de 2003.

Marcos reclamó ayer al Gobierno valenciano y a RTVV que reconozcan que estaban incumpliendo la ley cuando intentaron esta privatización.

La decisión del Supremo obstaculiza aún más la posible privatización de Telemadrid, una idea expresada por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, quien ha instado al Ejecutivo central a cambiar la ley del tercer canal.