La acusación pide prisión al presidente de España 2000

José Luis Roberto, presidente de la plataforma España 2000, declaró ayer en el juzgado de Lo Penal número 8 como imputado por un delitos de provocación a la discriminación y al odio racial en el transcurso de una manifestación celebrada en el barrio de Russafa de Valencia en 2002. Pero no se sentó en el banquillo. Apelando a su condición de abogado, permaneció en el estrado. La fiscal pide la absolución.

Tensión en la puerta de la sala de vistas número 20 de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Poco antes de las 12.00, José Luis Roberto, presidente de España 2000, comenzó a responder a las preguntas de la fiscal, no sin antes solicitar la expulsión de la acusación popular -un colectivo de inmigrantes- por considerar que existían irregularidades manifiestas en su incorporación como parte. Algunas las admitieron juez y fiscal, pero entendieron que eran subsanables y en cualquier caso que no servirían para demorar más un proceso que se inició hace ya cinco años.

Roberto afirmó que la manifestación de 2002 fue comunicada "en tiempo y forma" a la Delegación del Gobierno, quien no puso impedimento, y que se escogió Russafa por ser uno de los barrios que "mayor índice de inmigración ilegal" tiene. Dijo además que ninguno de los asistentes -encabezados por una pancarta con la inscripción "Alto a la invasión, los españoles primero"- iba armado, y que la protesta fue pacífica hasta que fueron increpados. Negó haber instigado que se corearan gritos racistas. Los representantes de los inmigrantes mantienen la posición contraria. Los cuatro agentes de policía que ayer declararon respaldaron la versión de Roberto y relataron la violencia de un grupo de contramanifestantes -hubo 23 detenidos- que causó daños en un coche policial y en mobiliario urbano. El juicio seguirá el lunes.