Los conservadores del Poder Judicial aprueban una queja contra el fiscal por informar del caso

Los votos de los tres vocales conservadores de la Comisión Permanente del Poder Judicial bastaron ayer para sacar adelante una queja formal al fiscal general del Estado por la comparecencia pública de los fiscales Juan Carrau y Pere Horrach celebrada el pasado 14 de diciembre en la que anunciaron a los periodistas que recurrirían la libertad bajo fianza del ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo (PP) y del ex inspector de obras Jaume Gibert. Los dos vocales progresistas se opusieron al acuerdo y recordaron que la ley impone a los fiscales el deber de información.

El acuerdo, apoyado por el presidente del Consejo, Francisco Hernando (conservador), y los vocales propuestos por el PP Enrique López y Carlos Ríos, traslada a la fiscalía "la preocupación del Consejo General del Poder Judicial ante la proyección a la opinión pública de una imagen negativa como consecuencia de la celebración de comparecencias a los medios para explicar los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal, dado que tal actividad puede inducir una imagen de confrontación entre jueces y fiscales".

El artículo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la ley orgánica que regula el funcionamiento de la fiscalía, establece un deber genérico de información para sus miembros al recoger entre sus funciones la de "informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia y con respeto al secreto del sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados".

Sin confrontación

Fuentes de la fiscalía aseguraron que la comparecencia de los fiscales Carrau y Horrach "no ha generado ningún tipo de confrontación" entre jueces y fiscales, y que el desencuentro, en todo caso, sólo lo han escenificado los consejeros conservadores del Poder Judicial. "Nuestra intención es informar cada vez mejor", aseguraron esas mismas fuentes. Carrau y Horrach explicaron su recurso para que todos los medios de comunicación tuvieran la misma información sobre el caso de las comisiones ilegales en Andratx.

Los consejeros progresistas Juan Carlos Campo y Félix Pantoja suscribieron, por su parte, un voto particular en el que recordaron el deber de informar del fiscal. "La información acerca de la Justicia no debe tener otro titular que la ciudadanía, que es en definitiva la destinataria de la actividad jurisdiccional a la que, desde distintas posiciones procesales, contribuye el Ministerio Fiscal" y los juzgados y tribunales.